Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como ‘Don Neto’ y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, inició una acción legal contra el Estado mexicano para recuperar bienes y recursos económicos asegurados desde 1985, esto luego de haber cumplido una condena de 40 años por su participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena y el piloto Alfredo Zavala.
Después de haber recuperado la libertad el pasado 5 de abril de 2025, y ya con 95 años de edad, Fonseca Carrillo presentó una demanda de amparo que busca que la Fiscalía General de la República (FGR) levante el aseguramiento sobre sus cuentas bancarias y otros bienes incautados al momento de su arresto.
Pidió también que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mediante su Supervisión de Procesos Preventivos, supervise que los bancos responsables calculen el monto exacto a devolver, según información revelada por Reforma.
La jueza de distrito en la Ciudad de México decidió no admitir el amparo porque Ernesto Fonseca Carrillo ya había presentado antes una inconformidad sobre el mismo tema ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Ante esto, su defensa presentó una impugnación para que el Tribunal acepte analizar la demanda. Si el juicio avanza y finalmente prospera, la CNBV sería la encargada de supervisar que los bancos calculen con precisión los montos que existen en las cuentas aseguradas.
Desde su captura el 7 de abril de 1985 en Puerto Vallarta, Jalisco, Fonseca Carrillo permaneció recluido en penales de máxima seguridad como el Altiplano, Occidente y el Reclusorio Norte.
A partir del 28 de julio de 2016, por su avanzada edad y problemas graves de salud - específicamente artritis y un tumor de colon -, obtuvo una orden judicial para continuar su condena en arresto domiciliario, lo que le permitió pasar casi nueve años en el Fraccionamiento Hacienda Valle Escondido en Atizapán, Estado de México.
El caso de Kiki Camarena
Antes de su detención de 1985, Fonseca Carrillo había sido arrestado en abril de 1955 en Mexicali, Baja California, episodio que marcó el inicio de su trayectoria en el mundo criminal.
La captura de 1985 estuvo relacionada directamente con la investigación y asesinato de Kiki Camarena, quien documentó las operaciones de narcotráfico del Cártel de Guadalajara en el centro y norte de México, hasta su secuestro y muerte en febrero de aquel año.
Las investigaciones estadounidenses, presentadas ante la Corte del Distrito Sur de California, atribuyen a Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero la planeación y realización del secuestro, tortura y asesinato del agente Camarena y el piloto que lo acompañaba.
Fiscales federales estadounidenses han referido que la tortura se prolongó durante 30 horas, con la participación de un médico encargado de mantener consciente a la víctima bajo la administración de narcóticos.
El asesinato estuvo motivado por la venganza después de que autoridades mexicana y estadounidense decomisaron toneladas de marihuana en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, producto de una investigación en la que Camarena colaboró con vuelos de espionaje junto a su piloto.
Posterior a la aprehensión, se descubrieron grabaciones del interrogatorio y supuesta tortura sufrida por Camarena en manos de los líderes criminales. A raíz del impacto internacional generado por este crimen, el gobierno mexicano fusionó agencias federales - incluyendo la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales - en una reestructuración de la Secretaría de Gobernación.
El Cártel de Guadalajara surgió en la década de 1970, consolidándose mediante alianzas con otras organizaciones criminales y redes de corrupción institucional. El cartel tejió conexiones con el crimen colombiano y mantuvo una amplia red de protección oficial por parte de diversas agencias nacionales.
Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y otro de sus líderes, se encuentra actualmente recluido en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco, a la espera de la posible concesión de arresto domiciliario.
Mientras que Rafael Caro Quintero, otro de los fundadores, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, donde enfrenta cargos por narcotráfico, crimen organizado y el asesinato del agente de la DEA. Aunque la Fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte, el llamado “Narco de narcos” permanece bajo un régimen de aislamiento extremo mientras avanza su proceso judicial en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el que podría ser condenado a cadena perpetua.
