La reciente muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ha puesto en evidencia la crisis de violencia que atraviesa México. El asesinato, ocurrido durante un evento público en el Día de Muertos, no solo suma una víctima más a la lista de funcionarios municipales caídos, sino que también revela el avance del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, un fenómeno que se ha vuelto sistemático y que afecta a comunidades enteras, según informó la activista Saskia Niño de Rivera.
La ejecución de Manzo, cuyas imágenes circularon en redes sociales, se inscribe en una tendencia que al menos diez alcaldes que han sido asesinados en durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Rivera también menciona que tan solo en Michoacán, quince alcaldes han perdido la vida desde 2021, ya que ser autoridad municipal en México implica, en muchos casos, enfrentar un riesgo mortal.
Los alcaldes, como representantes visibles del Estado en sus territorios, se convierten en objetivos directos de quienes buscan controlar el espacio público. En regiones dominadas por la violencia, la disyuntiva es clara: negociar con el crimen o morir enfrentándolo. Esta realidad, lejos de ser excepcional, se ha normalizado hasta el punto de que cada asesinato de un funcionario se convierte en tendencia durante unos días y luego cae en el olvido, pese a ser una muestra evidente de la ineficiencia institucional.
Horas después del ataque, las autoridades confirmaron la muerte del presunto agresor de Manzo, un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho y que según la Fiscalía del estado, pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Para Saskia, este hecho confirma que el crimen organizado ha hecho del reclutamiento infantil una práctica extendida. “El joven que disparó era, hasta hace poco, un adolescente, probablemente reclutado años atrás en un entorno donde la violencia era parte del día a día. Su historia ilustra cómo el crimen organizado capta a niños y adolescentes, convirtiéndolos en instrumentos de muerte en un país que debería ofrecerles alternativas”, menciona.
De acuerdo con la información difundida, en la organización en la que está involucrada Rivera, se trabaja con adolescentes en conflicto con la ley, que han sido reclutados por el crimen organizado, y que además, se ha podido documentar que seis de cada diez de estos jóvenes tienen al menos un familiar involucrado en actividades criminales.
El sesenta por ciento fue reclutado entre los once y los catorce años, y el setenta por ciento terminó realizando labores de sicariato.
“El sesenta por ciento fue reclutado entre los once y los catorce años. El setenta por ciento terminó desempeñando actividades de sicariato. La mayoría fue expuesta desde muy jóvenes, de niños, a la violencia y al consumo de drogas. Seis de cada diez comenzaron a consumir entre los once y los quince años, como parte, esto, de un proceso de desensibilización”, afirma Rivera.
Además, menciona que el objetivo de exponer a los menores a este tipo de actividades ilícitas es con el fin de “romper cualquier vínculo emocional que les impida obedecer órdenes”.
Y aseguró que en estos casos, lo que ofrecen las organizaciones criminales es pertenencia, ingresos y poder. Menciona que los jóvenes que no tienen opciones aceptan.
“El joven que mató a Carlos Manzo no nació siendo asesino. Creció en un país que no lo protegió, en una comunidad donde la violencia era normal y la autoridad no representaba seguridad, sino riesgo. Antes de empuñar un arma, alguien le enseñó que matar era una forma de sobrevivir”, sentencia la activista.
