Aunque el reciente quiebre diplomático entre México y Perú ha acaparado titulares, las consecuencias prácticas de esta decisión han sido matizadas por las propias autoridades peruanas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, puntualizó que, a pesar del cese de los lazos diplomáticos, los servicios consulares se mantienen inalterables: “Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestro cónsul en ese país, así como los mexicanos que viven en Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país”, afirmó.
De Zela enfatizó que el otorgamiento de asilo político a la exministra Betssy Chávez no implica una interrupción de la protección y trámites consulares habituales.
La decisión peruana se ancló en el otorgamiento de asilo a Chávez, acto que fue justificado por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subrayando la legalidad y legitimidad del procedimiento.
“La concesión de asilo político a la ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez fue otorgada conforme a los acuerdos internacionales suscritos por ambas naciones, los cuales reconocen el asilo como un acto humanitario”, remarcó la cancillería mexicana en un comunicado.
Desde la perspectiva mexicana, se trató de una medida respaldada por los compromisos internacionales y enmarcada en la protección de perseguidos políticos, en consonancia con lo establecido por la Asamblea General de la ONU, que señala que el asilo no debe interpretarse como acto hostil, sino como instrumento de salvaguarda.
En una escalada posterior, el Congreso de Perú declaró a Claudia Sheinbaum persona “non grata”, una decisión a la que México respondió con una clara oposición.
Para el gobierno mexicano, esta disposición carece de sustento y se basa en argumentos “infundados”, ya que, según su postura, en ningún momento se violaron los principios diplomáticos ni se intervino en asuntos internos peruanos.
Ecuador también rompió relaciones con México durante gobierno de AMLO
Este distanciamiento diplomático no es un episodio aislado en los años recientes. Otro precedente significativo se registró en abril de 2024 con Ecuador.
Entonces, el desencadenante fue la irrupción policial ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito durante la noche del cinco de abril, con la intención de detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel.
Glas, condenado por corrupción en su país, había solicitado asilo en la delegación diplomática mexicana alegando persecución política. La ruptura se formalizó al considerar el gobierno mexicano que Ecuador violó el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, estipulado en la Convención de Viena.
En respuesta a este suceso, la canciller Alicia Bárcena Ibarra comunicó: “Ante la brutal irrupción perpetrada por la policía de Ecuador a la embajada mexicana la noche del viernes cinco de abril, y de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, México anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país”.
Tras aquel incidente, el vínculo entre ambos países siguió deteriorándose. En febrero de 2025, la administración de Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, impuso un arancel de 27% a los productos mexicanos, exacerbando las tensiones comerciales entre ambos Estados.
