La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su inconformidad ante la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, luego de que el Estado mexicano otorgara asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez Chino.
En un comunicado oficial, la cancillería señaló que la medida de Lima es unilateral, desproporcionada y contraria a los principios del derecho internacional.
El gobierno mexicano explicó que la concesión de asilo a Chávez se realizó en estricto apego a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas, tratado en el que ambas naciones están inscritas.
De acuerdo con este marco jurídico, corresponde únicamente al país asilante —en este caso México— determinar si existe una persecución política que justifique la protección diplomática.
Chávez, quien fue jefa del gabinete ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, ha denunciado desde 2023 violaciones sistemáticas a sus derechos humanos tras su detención, señalando que enfrenta una persecución de carácter político.
Bajo este contexto, el gobierno mexicano evaluó su solicitud conforme al artículo 11 de la Constitución y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, resolviendo otorgarle protección.
La SRE recordó que la Asamblea General de la ONU ha reconocido que el asilo no debe ser interpretado como una acción hostil entre Estados, por lo que la respuesta del gobierno peruano carece de fundamento diplomático.
México sostuvo que su decisión no implica intervención en los asuntos internos de Perú, sino el ejercicio de una facultad legítima, respaldada por la tradición humanitaria que ha caracterizado al país por décadas.
El comunicado subraya que México mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de personas perseguidas por motivos políticos, principio que ha guiado su política exterior desde el siglo XX.
Aun con la tensión actual, la cancillería reafirmó su disposición al diálogo y a la resolución pacífica de controversias.
El episodio que desencadenó la ruptura deriva de la situación judicial de Betssy Chávez, quien enfrenta acusaciones en Perú por presunta participación en el intento de autogolpe de Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
La exfuncionaria es considerada una de las figuras más cercanas al expresidente y, según las autoridades peruanas, parte de la red que buscó quebrar el orden constitucional.
Pese a este escenario, México reiteró que su decisión está enfocada en salvaguardar la integridad de la solicitante, y no en emitir juicios sobre la realidad política peruana.
En su mensaje final, la SRE subrayó que los vínculos históricos entre ambas naciones no pueden reducirse a un diferendo coyuntural, e hizo un llamado a reconsiderar la ruptura para preservar la relación entre los pueblos de México y Perú.
