El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, provocó un cruce de declaraciones entre el senador Gerardo Fernández Noroña y líderes de la oposición, quienes condenaron el crimen y exigieron un alto a la impunidad en México.
Durante una transmisión en vivo realizada el domingo 2 de noviembre, el morenista lamentó el asesinato de Carlos Manzo y cuestionó la reacción de la oposición tras el ataque armado durante el Festival de las Velas, donde el edil fue víctima de un ataque armado.
“No era su compañero, era compañero nuestro. Carlos Manzo fue diputado federal por Morena”, afirmó Noroña, recordando que compartieron curul en 2018 y 2021 y señalando el impacto político del hecho. El legislador criticó que sectores opositores intentaran apropiarse mediáticamente de la figura del presidente municipal de Uruapan.
Noroña subrayó la filiación política y el perfil “echado para adelante” de Manzo, quien fue diputado federal por Morena en dos ocasiones y, tras diferencias con la dirigencia local y nacional, optó por contender como candidato independiente.
El senador relató que tuvo cercanía personal con Manzo, a quien visitó en Uruapan, y destacó el trabajo social del alcalde.
Durante la transmisión también compartió detalles de la relación entre Manzo y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Expuso que ambos mantuvieron una relación complicada, pero que antes del asesinato, la situación entre ambos líderes era buena.
“Cuando era diputado, el gobernador Ramírez Bedolla tenía muy mala relación con él. Yo intervine para que se mejorara la relación y en este momento, antes del asesinato, el gobernador tenía muy buena relación con el alcalde Carlos Manzo”, afirmó.
El senador reconoció públicamente que existen responsabilidades ineludibles por parte de los gobiernos de la 4T en los diferentes niveles respecto al caso de Carlos Manzo y la ola de violencia en Michoacán. Recalcó que dos de los tres niveles de gobierno pertenecen al movimiento oficialista. Añadió que la protección del alcalde estaba principalmente en manos de la policía municipal, decisión tomada por el propio Manzo, pero enfatizó que la Secretaría de Seguridad federal debió insistir más en hacerse cargo directamente de la seguridad personal del edil debido a los focos rojos y al riesgo extremo en la entidad.
En cuanto a la elección interna presidencial de Morena, Noroña detalló que el año pasado pidió explícitamente el apoyo de Manzo para su precandidatura, sin embargo, Manzo le confirmó que ya tenía un acuerdo para respaldar a Marcelo Ebrard.
En su mensaje, Noroña rechazó los señalamientos de la oposición, a quienes calificó de “la mala fe de siempre”. Criticó también que ahora pidan la intervención de Estados Unidos tras el asesinato de Manzo, mientras no habían hecho lo mismo en otros magnicidios, y enfatizó: “Para los que están intrigando. El pueblo no los va a apoyar, el pueblo no quiere que regresen los corruptos vinculados al crimen organizado”.
Finalmente, para dimensionar el contexto nacional y la gravedad de los hechos, Noroña destacó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 49 y 85 funcionarios de alto nivel, respectivamente, fueron asesinados; mientras que en casos como el homicidio de Luis Donaldo Colosio o de secretarios de Gobernación, la oposición nunca solicitó intervención internacional como ocurre ahora.
Llamados y reproches sobre la seguridad
En el debate nacional, la oposición condenó el asesinato de Manzo y llamó a alzar la voz contra la inseguridad. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, consideró que el homicidio del edil refleja el nivel de impunidad y riesgo en que viven los políticos en México.
“Refleja el grado de impunidad que hay en el país. No fue el primero ni tampoco será el último, porque tristemente la vida en nuestro México no vale nada. No es fácil enfrentarse al poder y al crimen organizado al mismo tiempo”, expresó Moreno en redes sociales.
Jorge Romero, coordinador parlamentario del PAN, también se sumó a la condena por el asesinato de Carlos Manzo y calificó el hecho como una muestra de la “grave crisis de inseguridad que atraviesa el país”.
Romero relacionó el crimen con el abandono del Estado y enfatizó que la inseguridad afecta a comunidades en entidades como Veracruz, Zacatecas, Sinaloa y Guerrero, donde “la inseguridad no distingue colores ni partidos”. Exigió que la justicia y la seguridad dejen de ser promesas y se conviertan en una realidad palpable, reclamando resultados y coordinación eficaz de las autoridades.
Por su parte, líderes de Morena y políticos afines al partido se pronunciaron horas después de los hechos y con mensajes breves, subrayando que confiaban en que se esclarecería el caso y se haría justicia.
