El líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, defendió las reservas que presentó a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre.
Con estas reservas, se disminuyeron las penas a funcionarios públicos involucrados en este tipo de delitos.
En su exposición, el legislador argumentó que existe una “desproporción punitiva” en el dictamen avalado, al establecer penas más severas para la autoridad omisora que para el delincuente.
Al detallar su postura, Monreal señaló: “No puede sancionarse con una mayor pena a la autoridad que omite, que al delincuente; es decir, la autoridad omisora es aquella que no informa sobre el conocimiento que tiene de un acto de extorsión y a él se le aplicaba una pena de 10 a 20 años”.
De acuerdo con el diputado, la lógica jurídica resulta afectada si la omisión de la autoridad se castiga con entre diez y veinte años de prisión, mientras que quien comete extorsión recibe de seis a quince años de pena.
Esto, consideró, resulta en menos sanción al delincuente que a la autoridad, situación que calificó de injustificable desde el punto de vista penal.
“Yo soy garantista. Me formé en la Escuela Clásica de la UNAM del Derecho Penal como garantista. Soy totalmente garantista”, señaló.
Para el legislador, la escuela garantista aboga por la protección de los derechos fundamentales durante el proceso penal.
En contraste, explicó, existe la corriente que considera al delincuente como “enemigo del Estado”, teoría que justifica penas sumamente rígidas y hasta la pena de muerte, tendencia que según Monreal se conoce como populismo punitivo o medidas draconianas.
En esa línea, Monreal explicó que rechaza las propuestas que privilegian el castigo extremo: “Yo no creo en eso, yo soy garantista. Yo creo que las causas hay que atenderlas. Creo en la resocialización de la víctima y de la resocialización del victimario, creo en el daño que debe de repararse a quien sufre. Y por esa razón fue la propuesta”.
Con ello, el coordinador de los senadores de Morena subrayó su convicción de que el enfoque penal debe priorizar tanto la reparación del daño a las víctimas como la reinserción de quienes cometen delitos, más allá de las posturas punitivistas.
Esta reforma fue turnada al Senado de la República, donde será analizada y en su caso aprobada.
