El reciente despliegue de la Operación Caudal en el Estado de México dejó como resultado la detención de siete personas y el aseguramiento de 51 pozos junto a 138 tomas clandestinas de agua, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
La magnitud de este operativo, que se extendió durante más de 72 horas, involucró la participación coordinada de la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y diversas corporaciones estatales y municipales.
La intervención simultánea se realizó en 48 de los 125 municipios de la entidad, donde se implementaron 142 técnicas de investigación y cateo y se efectuaron 47 inspecciones.
Como resultado de las investigaciones, la fiscalía anunció que ejercerá acción penal contra varios individuos identificados como miembros de relevantes de organizaciones sociales que operan bajo la apariencia de sindicatos, por su probable implicación en los delitos que motivaron la Operación Caudal.
Además, se identificó que algunas de estas organizaciones criminales también tienen presencia en la Ciudad de México. Entre ellas se encuentran:
- Los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales “USON”
- La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México “ACME”,
- “Los 300” y/o “Unión 300”
- “Libertad”
- Sindicato Nacional 25 de Marzo
- Sindicato 22 de Octubre
- La Chokiza
De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General de la República (FGR) la supuesta organización social, que afirmaba defender los intereses de trabajadores, transportistas y comerciantes en el Valle de México (USON), en realidad constituye una red de extorsión y despojo con operaciones en varios municipios, entre ellos Ecatepec, Tecámac, Chalco, Coacalco, La Paz y Teotihuacán.
Por otra parte, se aseguró que dichas organizaciones en su mayoría, se dedican a la extorsión, cobro de piso y despojo de propiedades, entre otras actividades ilícitas.
Finalmente, las autoridades subrayaron que las acciones operativas no afectaron el funcionamiento de la infraestructura ni de los pozos oficiales.
El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y en coordinación con los organismos municipales de agua, contaba con un plan de contingencia para garantizar el abasto en caso de cualquier eventualidad.
La coordinación de la operación estuvo a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la CONAGUA y la CAEM, con la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y corporaciones policiacas municipales. Estas instituciones reiteraron su compromiso de combatir el lucro ilícito del agua.
