Colectivas y organizaciones feministas publicaron una carta para exigir la creación de políticas públicas y que se destinen recursos para garantizar el acceso al aborto a todas las mujeres y personas gestantes en Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Tabasco, donde recientemente se despenalizó la interrupción del embarazo.
En la carta firmada por más de 40 colectivas, entre ellas el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reconocieron que ha habido avances legislativos entorno al aborto; sin embargo, aún falta generar protocolos con pertinencia cultural, es decir, conforme al sector de la población a la que pertenezca la persona gestante (afrodescendiente, indígena, transexual o no binarie).
Detallaron que a esto se suma la falta de capacitación y sensibilización del personal de salud, así como de campañas informativas de acceso al aborto, y de protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
“Reiteramos que la legislación sobre aborto en el país no es una discusión nueva, es el resultado histórico del trabajo de colectivas, organizaciones, defensoras y acompañantas en la lucha por el acceso al aborto seguro, legal y gratuito, y que desde el 2007, con la despenalización del aborto en la Ciudad de México, los estados de la Región Sur-Sureste hemos retomado la fuerza para reivindicar la lucha por la autonomía reproductiva”, abundaron.
¿Qué solicitan?
Resaltaron que por ello coinciden en que es necesario:
- Eliminar la deshospitalización, reconociendo que es un proceso que puede atenderse de manera ambulatoria, apegado al lineamiento técnico de aborto seguro.
- Descentralizar los servicios, garantizando el acceso a personas que habitan y transitan todos los territorios que conforman la región.
- La necesidad imperante y urgente de destinar recursos materiales, institucionales, económicos y humanos suficientes, digno que garanticen el acceso libre, seguro y gratuito al aborto en los servicios de salud.
- El proceso de transición del IMSS-Bienestar no puede ser un obstáculo para la atención.
- La importancia de generar indicadores y actualizar los existentes, con perspectiva de derechos humanos, de genero e interseccional que permitan medir y evaluar el acceso al aborto en un marco de un servicio de salud básico dentro de los derechos sexuales y reproductivos.
- Generar políticas públicas que permitan contrarrestar las narrativas sociales de estigma y prejuicio sobre aborto.
- La necesidad de disminuir la barrera de la desinformación y rezagos sobre los derechos sexuales y reproductivos en el sector salud y educativo.
No obstante, precisaron que por estado hay retos condicionados por el contexto a nivel local, señalando que en Chiapas, vuelven urgente el acceso para mujeres en movilidad y pueblos originarios, mientras que en Guerrero, la urgencia se cruza con las altas tasas de embarazo infantil y adolescente, muchas veces derivados de violencia y uniones forzadas, además del desabasto de métodos anticonceptivos y desinformación generalizada.
Mencionaron que en Oaxaca está la necesidad de ampliar el periodo más allá del límite de las 12 semanas y de poner fin a la criminalización del personal de salud.
En Puebla, centra la demanda en descentralizar aún más los servicios y garantizar que la información y la atención lleguen a todas las comunidades indígenas y rurales.
Asimismo, comentaron que Tabasco enfrenta el desafío de homologar completamente las leyes locales para suprimir la criminalización y obligar al sistema público a implementar servicios acordes con los tratados internacionales.
Veracruz reporta prácticas discriminatorias específicas en la atención hospitalaria y la necesidad urgente de erradicarlas.
En la península —Campeche, Quintana Roo y Yucatán— la exigencia pasa por la adopción de políticas interculturales claras y efectivas, así como la erradicación de técnicas anticuadas y la plena integración de medicamentos y protocolos modernos con sensibilidad cultural.
El mensaje va dirigido directamente a las autoridades federales y estatales. Las colectivas urgen a Secretarías de Salud, Educación y de las Mujeres a priorizar la asignación de presupuestos y creación de políticas integrales, operando con un andamiaje interinstitucional verdadero.
Señalan que, pese al discurso oficial, la agenda de aborto rara vez ocupa un lugar prioritario, e incluso se percibe una simulación progresista mientras en la práctica persisten los obstáculos y el rezago.
