El video de presuntos elementos de la Guardia Nacional (GN) golpeando con una tabla a dos hombres detenidos en un predio de Tijuana, Baja California, ha desatado una fuerte indignación pública y reavivado el debate sobre el abuso de autoridad y el respeto a los derechos humanos en México.
Las imágenes, captadas el 20 de octubre de 2025 por una cámara de videovigilancia en la colonia 10 de Mayo, muestran una agresión contra dos personas en aparente situación de calle, mientras las autoridades guardan silencio ante la presión social.
El material exhibe cómo dos hombres uniformados, presuntamente de dicha corporación federal, someten a los detenidos y los golpean con una tabla de madera por más de un minuto y medio. uno de los agresores acomoda a una de las víctimas de espaldas y le propina dos golpes en los glúteos. Esto antes de llamar al segundo para aplicar el mismo castigo.
En la grabación —de ángulo limitado— ambos hombres permanecen en cuclillas o de rodillas, y se escuchan sus gritos de dolor al menos en dos ocasiones. Así pues, al final del video, los uniformados obligan a las víctimas a mantenerse arrodilladas frente a ellos.
El escenario donde ocurre el hecho refuerza la indignación. La vivienda, según el reporte de medios locales, es una construcción improvisada de láminas, madera y lonas en una zona irregular de Tijuana, rodeada de basura y pobreza extrema. En los primeros segundos de la grabación se observa además a un ciudadano que se aleja del lugar mientras inicia la agresión, sin intervenir.
La difusión del video en redes sociales dividió la opinión pública. Mientras algunos usuarios justificaron el castigo al considerar el sitio como un “picadero”, la mayoría condenó la violencia y exigió una investigación inmediata y sanciones ejemplares.
Así mismo, los comentarios en plataformas digitales reflejan una creciente desconfianza hacia las instituciones de seguridad, especialmente tras una serie de denuncias recientes por uso excesivo de la fuerza.
Hasta ahora, ni la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California han emitido pronunciamiento oficial sobre el caso. Hasta el momento, se destaca que no se ha confirmado la autenticidad del video ni la identidad de los uniformados involucrados, lo que incrementa la incertidumbre y la exigencia de transparencia.
La marginación social y el posible abuso de las autoridades mexicanas
La colonia 10 de Mayo es una zona marginada con altos índices de violencia y presencia frecuente de personas en situación de calle. En ese contexto, la presunta agresión de agentes federales contra civiles vulnerables ha encendido alarmas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la falta de protocolos de respeto a los derechos humanos.
El caso se suma a una lista creciente de incidentes que cuestionan el comportamiento de cuerpos de seguridad en México y su compromiso con la ley.
