Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron con 21 votos a favor y nueve en contra el dictamen que reforma la Ley Aduanera, con el objetivo de modernizar el comercio exterior, incrementar la recaudación fiscal y combatir la evasión.
El dictamen, remitido por la Cámara de Diputados, suma 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones al marco legal, propuestas por el Ejecutivo federal. La propuesta establece que la nueva normatividad entraría en vigor el 1° de enero de 2026, para coincidir con el Paquete Económico de ese año, para permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente.
Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que la reforma contiene un enfoque “práctico e institucional”, busca facilitar el comercio exterior e incrementar la transparencia y legalidad en los procedimientos aduaneros. Aseguró que el propósito no es obstaculizar las operaciones legítimas, sino facilitar la trazabilidad y sancionar a quienes dañan a la hacienda pública. Agregó: “Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna que agiliza al cumplido y disuade al infractor”.
Entre los principales cambios se incluye la incorporación de instrumentos financieros, como la Carta de Crédito, la ampliación a 20 años de la temporalidad para agentes aduanales, y certificaciones periódicas. Se establecerá videovigilancia, monitoreo digital y control documental en tiempo real.
Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, apuntó que las modificaciones permitirán dar trazabilidad digital a las mercancías, homologar la legislación con el T-MEC y fortalecer la seguridad jurídica de importadores y exportadores.
Desde Acción Nacional, Raymundo Bolaños Azócar sostuvo: “No acompañaremos una reforma que sólo maquilla los problemas de corrupción sin combatirlos de raíz”. El senador consideró que la reforma excluye la responsabilidad de funcionarios públicos y mantiene la intervención militar en aduanas. Criticó la suspensión de patentes de agentes aduanales ante investigaciones sin sentencia e insistió en la necesidad de certidumbre regulatoria.
En el mismo sentido, la senadora panista Gina Geraldina Campuzano González calificó la reforma como “cortina de humo” e indicó que las multas “exageradas” y medidas de control propuestas afectarán a quienes cumplen, no a contrabandistas. “Esta reforma no combate el huachicol fiscal ni la corrupción”.
Reiteró que dicha reforma “no moderniza, entorpece” y que mientras Morena legisla para proteger su red de corrupción, nosotros legislamos para México, además pidió tener en cuenta cuatro puntos:
1.Tener aduanas civiles transparentes y profesionales
2. No a la militarización aduanera
3. Trato diferenciado a las empresas cumplidas y certificadas, no se puede castigar igual al que produce que al que defrauda
4. Multas justas y proporcionales no castigos confiscatorios
Entre las medidas contempladas, se establecen multas que pueden alcanzar del 250 al 300 por ciento del valor de las mercancías por incumplimiento. Las autoridades podrán imponer sanciones de hasta dos millones de pesos a empresas que no cumplan con sus obligaciones. Además, se exigirá que los agentes aduanales presenten anualmente información sobre su evolución patrimonial y los bancos declaren las transferencias asociadas a las operaciones de comercio exterior.
Las reservas y críticas de la oposición advierten que la militarización y falta de órganos de vigilancia independientes no abordan la corrupción de fondo, mientras que los impulsores de la iniciativa afirman que responde a la modernización del sistema aduanal.
El proyecto discutido durante la tarde del martes tuvo 116 votos, con 77 a favor, 38 en contra y una abstención. Fue aprobado en lo general y en lo particular por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley aduanera, se devuelve a la Cámara de Diputados
