La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, murió por ejecución extrajudicial a manos de policías municipales de Santa Lucía del Camino durante un operativo de alcoholímetro implementado el 30 de agosto de 2024 por el presidente municipal Juan Carlos García Márquez.
La víctima no presentaba rastros de alcohol ni de drogas en su organismo y el ataque policial se produjo cuando Diego Ignacio Paz y otro joven transitaban en un vehículo y fueron detenidos en un retén policial.
Temiendo por la actitud de los agentes, ambos descendieron del automóvil y corrieron. Los policías dispararon, causando la muerte de Diego. Su acompañante fue sometido y golpeado en el techo de una casa que terminó colapsando, según el testimonio recogido por un medio local.
La DDHPO frente a la ejecución extrajudicial
La DDHPO determinó que el joven fue asesinado por la espalda con dos disparos a la altura de la cadera y que, posteriormente, fue objeto de tortura, según dictámenes periciales citados por El Universal Oaxaca.
El organismo señaló que los policías responsables no estaban certificados ni debieron portar armas de fuego. Hasta la fecha, la misma fuente señala que el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino no ha iniciado acciones administrativas contra los agentes involucrados y se negó a proporcionar información sobre la cadena de mando y el listado de quienes participaron en el operativo.
El medio reportó que la autoridad municipal difundió públicamente información falsa sobre el estado de los jóvenes, asegurando que estaban alcoholizados y que durante su huida atropellaron a un policía, sin que existan pruebas que sostengan estas afirmaciones.
La Defensoría exigió reparación al daño y subrayó las omisiones administrativas y de supervisión del municipio en torno al caso. Actualmente, continúa la investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Otra versión de la ejecución extrajudicial
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) publicó el 5 de septiembre que vinculó a proceso a dos elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino por el delito de ejecución extrajudicial en agravio de Diego Ignacio Paz, estudiante de 22 años, asesinado a tiros durante un operativo de alcoholímetro el 30 de agosto de 2024.
Este fue el primer caso judicializado en México por este tipo penal, creado en la entidad el 13 de junio de 2024, según publicaciones oficiales del gobierno estatal.
De acuerdo con la información difundida por la FGEO, los hechos ocurrieron en un punto de revisión de alcoholímetro en la avenida Lázaro Cárdenas, cuando Diego Ignacio Paz y otro joven, identificado por las iniciales Christopher J.R.M., viajaban en un vehículo y fueron interceptados por la policía municipal.
Según la información difundida por la Fiscalía, los agentes dispararon a Diego mientras intentaba huir, provocándole la muerte y sometieron con violencia a su acompañante.
La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto logró la imputación de A.R.P. y J.J.S.C. y solicitó prisión preventiva para ambos. El Poder Judicial ratificó la medida, concediendo cinco meses para la investigación complementaria antes de la siguiente etapa procesal.
La FGEO destacó que este proceso penal fue el primero en todo el país bajo la figura de ejecución extrajudicial, reformada en el Artículo 292 Quarter del Código Penal del estado, y enfatizó la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos en la indagatoria, como el Protocolo de Minnesota.
El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, describió la reforma penal como un acto de justicia para víctimas de violencia estatal y una respuesta a la demanda ciudadana surgida tras hechos similares de Nochixtlán en 2016.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido en junio de 2024, la sanción para este delito va de 50 a 70 años de prisión. La nueva ley surgió de una iniciativa ciudadana aprobada por el Congreso local durante una sesión extraordinaria.
Organizaciones miembros de la Plataforma de Derechos Humanos Oaxaca, como el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) y Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA), condenaron estos hechos y exigieron una investigación imparcial, protección para víctimas y revisión urgente de los protocolos policiales.
“El respeto a la dignidad humana, la vida y la integridad física y psicológica de todas las personas es un pilar fundamental”, resaltaron en su pronunciamiento conjunto.
