La Cámara de Diputados dio luz verde en comisiones a la reforma de la Ley de Amparo, no sin antes eliminar la aplicación retroactiva a procedimientos en curso, en medio de un intenso debate. El dictamen, impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, recibió 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, en una sesión marcada por acusaciones de “fraude legislativo” y simulación de apertura democrática.
Acusan fraude y simulación
Las reformas fueron dictaminadas tras la realización de audiencias públicas que, de acuerdo con diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI, carecieron de legitimidad por haberse convocado con escasa anticipación y sin incorporar recomendaciones clave de los 35 especialistas participantes.
El grupo parlamentario del PAN, encabezado por Federico Döring, denunció el procedimiento como un “fraude legislativo”, mientras que la diputada de MC, Iraíís Virginia Reyes, calificó el parlamento abierto como “una simulación”.
Reyes subrayó la gravedad de la situación al afirmar: “Fue una mentada de madre hacer un parlamento abierto así, convocarlo con una descarada corta antelación, firmarlo desde las presidencias de las comisiones y dictaminar casi de inmediato no es apertura, es una simulación, por lo que ustedes, señoras y señores, son unos simuladores y mentirosos. ¿Cómo se le puede considerar esta participación abierta cuando las decisiones ya estaban tomadas antes de que se hablara el primer experto o experta?”.
La diputada señaló que ni siquiera se había cambiado “una coma” del dictamen circulado antes de las audiencias y denunció que “lo más indignante no es solo lo que hicieron con el fondo, sino cómo lo hicieron”.
El ambiente de la sesión también se vio marcado por incidentes como la interrupción intermitente del micrófono de Iraíís Reyes durante su intervención.
Las propuestas del PAN y del PRI —como la solicitud de abrir las comisiones en sesión permanente o reponer las audiencias— se sometieron a votación y fueron rechazadas por mayoría de Morena y sus aliados.
En este contexto, el diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, pidió que se entregue el material videográfico del Canal del Congreso que diera constancia de los acuerdos alcanzados previamente en comisión, y denunció que ese acceso fue negado (“nos fueron negados”). Suárez Licona propuso que las comisiones unidas se declararan en sesión permanente hasta obtener respuesta de la Junta de Coordinación Política, y describió como un retroceso la falta de transparencia.
La discusión parlamentaria también incluyó elogios y quejas en torno a la labor de los presidentes de las comisiones convocantes —Carol Antonio Altamirano y Julio César Moreno—, a quienes se acusó de alterar el calendario y formato del parlamento abierto, convocando a las audiencias con “apenas unas horas de anticipación”.
Preocupaciones jurídicas y voces excluidas
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es el nuevo diseño del interés legítimo. La exministra de la Suprema Corte y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la definición aprobada restringe el acceso a la justicia para sectores como la comunidad LGBTTIQ+, consumidores, pueblos indígenas y defensores ambientales.
La diputada expuso que el enfoque propuesto obliga a quienes presenten acciones colectivas a demostrar un beneficio cierto, individual o colectivo, resultado de la nulidad del acto reclamado, lo que, en su opinión, puede obstaculizar procesos promovidos tradicionalmente por organizaciones sociales y grupos afectados.
Durante su intervención, Sánchez Cordero manifestó: “Debe recordarse que la lesión jurídica es un elemento del propio interés jurídico, no del legítimo... La definición que ahora se propone condiciona todo a demostrar un beneficio cierto, lo cual restringe el acceso a la justicia constitucional”.
Reconoció anteriores excesos en la aplicación del interés legítimo, pero defendió que la respuesta debería ser perfeccionar criterios judiciales, no fortalecer el esquema anterior.
En materia tributaria, el dictamen elimina defensas administrativas tradicionales, como el recurso de revocación ante el SAT y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que según el PRI y el PAN deja en estado de indefensión a pequeñas y medianas empresas.
Suspensión, eficacia judicial y reclamos de especialistas
La reforma endurece los criterios para otorgar la suspensión del acto reclamado, figura cautelar que ha permitido evitar consecuencias graves e irreparables durante procesos judiciales.
En los nuevos términos, la suspensión no podrá concederse con efectos generales y solo será posible mediante garantías específicas, como billetes de depósito o cartas de crédito emitidas por instituciones bancarias autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas ante el SAT.
La diputada de MC subrayó que con la nueva lista de requisitos los jueces podrán negar fácilmente la suspensión, dejando que “los daños se consuman antes de que llegue la justicia”. Reyes sostuvo: “Quitar un artículo transitorio no cambia de manera sustancial. El corazón restrictivo sigue aquí. Por eso lo que hoy se discute no es una reforma para proteger a las personas, es una reforma para proteger al poder del pueblo. Esta es una ley de desamparo, porque un amparo sin suspensión, sin interés legítimo y sin eficacia, no protege a nadie”.
El dictamen, una vez despachado por la Mesa Directiva, está previsto para ser discutido y votado en el pleno de San Lázaro en las siguientes sesiones.
