La petición de metralletas FN-Minimi para la policía municipal de Uruapan generó un llamado de atención sobre el equilibrio de fuerzas entre autoridades y crimen organizado en Michoacán. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, solicitó formalmente al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública acceso a armamento de uso militar, con el objetivo declarado de igualar la capacidad de fuego frente a los grupos delincuenciales.
De acuerdo con informes, la solicitud surge luego del aseguramiento reciente de un arsenal en la zona boscosa de Toreo el Alto.
La petición, hecha pública este martes 7 de octubre, incluye metralletas FN-Minimi, armas de calibre 5,56x45mm NATO, junto con cartuchos específicos para este y otros tipos de armamento. La demanda fue dirigida a César Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo en Michoacán. “No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales”, expresó Manzo.
Según el alcalde, la seguridad de la población y la integridad de los cuerpos municipales requieren “que la capacidad de fuego de las autoridades locales sea, por lo menos, igual a la que traen los delincuentes”.
El reclamo del presidente municipal de Uruapan se dio luego de informar sobre la incautación de una cantidad no precisada de armas en la zona de Toreo el Alto, un área señalada por su actividad criminal frecuente. La acción policial evidenció el nivel de armamento con que cuentan los grupos delincuenciales en la región.
Las FN-Minimi son catalogadas en el país como armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Se trata de una ametralladora ligera fabricada en Bélgica que ha tenido amplia difusión mundial desde su desarrollo en la década de 1970. Portales especializados en seguridad indican que estas armas figuran entre las más populares por su versatilidad y capacidad de fuego. Su peso ronda los 7.35 kilogramos y permite disparar entre 700 y mil proyectiles por minuto a una distancia efectiva de hasta 800 metros.
España, Estados Unidos y diversos países de la OTAN han incluido este armamento en sus fuerzas militares desde 1980, confirmando su posición como estándar internacional entre ejércitos de occidente. En el contexto mexicano, la FN-Minimi ha sido mencionada en investigaciones sobre hechos violentos en Navolato, Sinaloa, y en la propia Uruapan, donde las autoridades han detectado su presencia en manos de organizaciones criminales.
El alcalde Carlos Manzo también dirigió críticas hacia el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que considera una respuesta insuficiente ante la proliferación de armas de alto calibre entre los grupos delictivos. “El poderío de armas del crimen organizado, en un país como México, lo único que refleja es un Estado fallido y que se le da ventajas a la delincuencia para que actúen en contra de la gente que quiere hacer bien su trabajo y en contra de la ciudadanía”, declaró Manzo. Estas palabras han reforzando el tono de preocupación de las autoridades locales ante la escalada armamentista.
La respuesta a la solicitud del municipio de Uruapan aún está pendiente por parte de las autoridades estatales y federales. Fuentes del Secretariado Ejecutivo informaron que el análisis de la petición considerará el marco legal vigente, que restringe la distribución de armas de uso militar a cuerpos ajenos al Ejército y la Guardia Nacional.
La polémica en torno al arsenal asegurado en Toreo el Alto y la petición inédita de equipamiento militar para policías municipales visibiliza el reto de seguridad pública en regiones afectadas por la presencia del crimen organizado. La situación reaviva debates sobre el control legal de armamento y las condiciones en las que operan las fuerzas del orden a escala local.
