El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, cuyo cuerpo fue hallado el 6 de octubre de 2025 en Eduardo Neri, Guerrero, volvió a poner en primer plano la violencia de la que también han sido víctimas líderes religiosos en distintas regiones del país.
El caso, investigado como homicidio calificado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), ha generado indignación en la comunidad católica y en organismos defensores de derechos humanos, sumándose a una larga secuencia de crímenes que, en los últimos 30 años, han impactado la vida de creyentes y ministerios religiosos en México.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha exigido justicia y una investigación transparente sobre el caso del padre Bertoldo Pantaleón.
El sacerdote, de 58 años, encabezó durante ocho años la parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Guerrero, y su desaparición se reportó el 4 de octubre, lo que motivó la emisión de fichas de búsqueda por parte de autoridades estatales y defensoras de derechos humanos. El hallazgo del cuerpo, con impactos de arma de fuego, fue notificado a la comunidad religiosa dos días después.
El asesinato de líderes religiosos en el México
El caso de Bertoldo Pantaleón no es aislado. México, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial (CCM), registraba hasta diciembre de 2024 80 sacerdotes, religiosos y laicos del país asesinados desde 1990, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del sacerdocio, sobre todo en regiones sometidas por el crimen organizado y la disputa territorial de grupos armados.
Uno de los antecedentes más emblemáticos de esta ola de violencia ocurrió el 24 de mayo de 1993, cuando Juan Jesús Posadas Ocampo, entonces arzobispo de Guadalajara, fue acribillado junto a su chofer en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) atribuyó el crimen a una supuesta confusión entre sicarios del Cártel de Tijuana, que buscaban a Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque la Iglesia ha sostenido que se trató de un crimen de Estado.
El cardenal recibió 14 disparos a quemarropa y ese hecho nunca fue resuelto de manera definitiva. El asesinato marcó el inicio de una etapa de violencia abierta contra figuras religiosas en México, abriendo un periodo de impunidad y sospechas hacia las relaciones entre autoridades y el crimen organizado.
Otros casos
El secuestro del sacerdote José Ascensión Acuña Osorio, desaparecido en septiembre de 2014 y hallado semanas después con signos de tortura cerca de San Miguel Totolapan, Guerrero, fue atribuido a la presión de grupos delictivos, concretamente La Familia Michoacana. La diócesis local, al lamentar la muerte, advirtió sobre las extorsiones y amenazas cotidianas que sufren los ministros religiosos en la región de Tierra Caliente.
Ese mismo año, el misionero ugandés John Ssenyondo, parte de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús, fue secuestrado después de oficiar misa en Chilapa, Guerrero. Sus restos fueron localizados en una fosa común en noviembre de 2014 junto a otras víctimas de la violencia criminal. Entre los posibles motivos del crimen se documentaron extorsiones y negativas del sacerdote a plegarse a las demandas de criminales locales, se dice que se negó a dar bautizo a la hija de un líder criminal.
El 19 de septiembre de 2016, José Alfredo López Guillén fue secuestrado tras un robo en la parroquia de Janamuato, municipio de Puruándiro, Michoacán. El cuerpo, hallado días después, presentaba heridas de arma de fuego. Las investigaciones desembocaron en la detención de dos presuntos responsables, pero la diócesis de Zamora negó la existencia de vínculos entre el sacerdote y el crimen organizado, distanciándose de las insinuaciones oficiales.
La carretera Taxco-Iguala, en Guerrero, fue escenario el 5 de febrero de 2018 del asesinato de los sacerdotes Germain Muñiz García y Iván Añorve Jaimes. Regresaban de una festividad religiosa cuando fueron emboscados por sujetos armados.
Tiempo después salieron supuestas fotografías donde uno de los sacerdotes aparece armado, las cuales la Fiscalía utilizó para insinuar nexos con grupos criminales. El obispo Salvador Rangel Mendoza desmintió tal versión, señalando que esas imágenes respondían al contexto de inseguridad y a la necesidad de protección en zonas hostiles.
En agosto de 2019, José Martín Guzmán Vega, párroco en el ejido Santa Adelaida, Tamaulipas, fue apuñalado dentro de su iglesia. Vecinos acudieron al oír sus gritos de auxilio, pero murió en el hospital. El Centro Católico Multimedial vinculó su asesinato con sus denuncias públicas sobre las autoridades locales. La diócesis de Matamoros y la Conferencia del Episcopado Mexicano reclamaron una investigación efectiva y garantizaron acompañamiento a la comunidad afectada.
Nunca ha cesado el riesgo. El 20 de junio de 2022, en Cerocahui, Chihuahua, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar fueron ultimados dentro de su iglesia cuando intentaban proteger a un hombre perseguido por un grupo criminal.
El crimen, condenado por la Compañía de Jesús, la ONU y organizaciones civiles, volvió a colocar a México bajo el escrutinio internacional por la vulnerabilidad extrema de los religiosos en determinadas regiones.
Días después, el 17 de mayo de 2022, el padre José Guadalupe Rivas Saldaña fue encontrado sin vida en un rancho de Tecate, Baja California, con signos de violencia. Reconocido por su labor en la Casa del Migrante de Tecate, el atentado resaltó los peligros para quienes defienden a desplazados o migrantes en la frontera norte.
Más reciente aún, el 20 de octubre de 2024, fue ejecutado en Chiapas el padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena tsotsil y activista de derechos humanos. Recibió disparos mientras se desplazaba en su vehículo tras celebrar misa en San Cristóbal de las Casas, luego de recibir amenazas por su labor mediadora en conflictos comunitarios.
Crímenes sin resolver y regiones de mayor peligro
Las agresiones a líderes religiosos suelen permanecer impunes. Solo en casos puntuales, como el de López Guillén en Michoacán, hubo detenciones concretas. No obstante, la mayoría de los asesinatos permanece sin esclarecer.
Según el CCM, estados como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Chiapas y Veracruz sobresalen como los más riesgosos para el ejercicio religioso, al confluir altísimos niveles de violencia, control territorial narco y fracturas institucionales.
El caso de Bertoldo Pantaleón Estrada reactiva la memoria de estas tres décadas de alto riesgo y revela que el fenómeno no se limita a una región específica. Entre las víctimas se cuentan parroquias indígenas, clérigos extranjeros y líderes de programas humanitarios.
