La presencia de grupos criminales ha incrementado la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en Veracruz, donde las organizaciones la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) denunciaron el crecimiento de prácticas como el reclutamiento forzado y la trata de personas.
Las organizaciones, con apoyo de la Unión Europea, presentaron esta semana el análisis Infancia Cuenta en Veracruz, el cual documenta que la geografía del estado facilita el tráfico de drogas, armas y personas, denunciando que al menos 15 organizaciones criminales mantienen una disputa territorial en la entidad.
Destacó que esto último ha convertido a municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica en zonas críticas para el reclutamiento forzado de adolescentes.
Sin embargo, resaltó que “la utilización de menores por agrupaciones delictivas” abarca diversas formas de explotación, como la explotación sexual, el trabajo forzado, el uso como vigilantes (halcones), el transporte de droga, el sicariato y la mendicidad forzada.
Entre 2015 y 2025, los registros oficiales reportan 22 menores víctimas de reclutamiento criminal y 32 casos más de trata de personas en el estado, aunque organizaciones como REDIM advierten que estas cifras solo representan una fracción de la situación real.
La falta de registros oficiales específicos sobre reclutamiento impide diseñar estrategias de prevención y limita la protección de las víctimas, a lo cual se suma que tanto niñas como adolescentes enfrentan riesgos distintos.
“Las adolescentes son privadas de su libertad tras ser orilladas a participar en delitos graves y las niñas experimentan un mayor riesgo de trata para fines de explotación sexual”, apuntó REDIM en el análisis divulgado.
Según el mismo informe, la pobreza estructural, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la negligencia institucional son factores que aumentan la vulnerabilidad de este sector.
Aunque resaltaron que a estas condiciones se les agrega la influencia de la llamada “narco-cultura”, que romantiza la criminalidad y refuerza patrones de violencia.
Las deficiencias institucionales aparecen como un desafío adicional. El reporte señala “exceso de burocracia, carencia de un programa estatal específico y falta de coordinación interinstitucional”, lo que ha derivado en respuestas fragmentadas y frecuentes casos de criminalización de las víctimas.
Ante la magnitud del problema, la REDIM y el CAM han solicitado la creación de un protocolo especial para la detección y atención de víctimas, el fortalecimiento de programas preventivos desde las escuelas y comunidades, la capacitación de autoridades para identificar casos sin revictimizar, la elaboración de un Programa Estatal integral y la inclusión de la niñez en la elaboración de políticas públicas.
Las organizaciones insistieron en que abordar la problemática requiere no solo atender las emergencias, sino transformar las dinámicas que perpetúan el reclutamiento de menores y la trata en el estado.
