La reciente aprobación de una reforma constitucional que habilita la creación de una Ley General para combatir la extorsión marca un hito en la lucha contra uno de los delitos que más afectan a la economía y la seguridad en México.
Esta medida, adoptada por el Congreso de la Unión, quien avaló la decisión el 25 de septiembre la modificación al artículo 73 de la Constitución, permitirá establecer un marco legal uniforme en todo el país para enfrentar la extorsión, delito que, de acuerdo con datos del Gobierno de México, ha generado pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos anuales y frenó la inversión en múltiples sectores.
Asimismo, Infobae México corroboró que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) colaboró con la creación de esta reforma desde septiembre de 2023, misma que presentó propuestas técnicas y participó en la elaboración de los dictámenes que recibieron el respaldo de legisladoras y legisladores estatales y reconoció lo que se considera un gran avance en materia de seguridad.
Cambios legislativos para combatir un delito que aumentó descontroladamente a nivel nacional
Durante el proceso legislativo, los datos aportados por el Monitor de Seguridad de COPARMEX resultaron determinantes. Según este informe, en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta en los registros oficiales y un incremento del 83% respecto a una década atrás.
Esta información, elaborada con datos oficiales y el análisis de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la confederación, evidenció la urgencia de una respuesta legislativa integral.
Además, se resaltó que la extorsión se consolidó como el delito que más afecta a los negocios en México, con un impacto especialmente severo en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), responsables del 65% del empleo formal en el país.
Lo anteriormente mencionado, lo respaldó el reciente estudio de #DataCoparmex 2024, donde anuncia que el 12.8% de los socios de la organización han sido víctimas de extorsión, siendo la modalidad telefónica la más frecuente, con un 70.5% de los casos.
En cifras enteras, aproximadamente 32.3 personas sufren extorsión cada día, lo que se traduce en pérdidas económicas, freno a proyectos productivos y limitaciones al crecimiento en diversas regiones.
Despliegue de unidades antiextorsión y seguimiento de las carpetas de investigación
La nueva facultad del Congreso para emitir una Ley General permitirá articular una estrategia integral que contemple protocolos de atención a víctimas, el fortalecimiento de las Unidades Antiextorsión locales, el uso de inteligencia criminal, la imposición de sanciones ejemplares y la implementación de mecanismos de prevención.
Este marco jurídico busca cerrar el paso a los grupos delictivos que han encontrado en la extorsión una de sus principales fuentes de financiamiento.
Entre los elementos clave que deberá contemplar la futura Ley General se encuentran la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, así como la incorporación de herramientas tecnológicas y el análisis de datos para desmantelar redes de extorsión.
La legislación también se atenderá la atención diferenciada para regiones donde predominan prácticas como el cobro de piso y para las víctimas de extorsión telefónica, quienes requieren operadores capacitados en manejo de crisis y canales digitales de denuncia seguros y efectivos.
Finalmente, el informe resaltó que el proceso legislativo aún requiere la ratificación de la reforma por parte de los Congresos locales y la posterior presentación de la iniciativa de Ley General por el Ejecutivo Federal.
