La publicación del Informe VI del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa reavivó el debate nacional e internacional en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en México.
El documento, presentado en julio de 2023, expone avances, hallazgos inéditos, obstáculos persistentes y responsabilidades institucionales en una de las investigaciones más emblemáticas de violaciones graves a los derechos humanos en América Latina.
Según el Informe Ayotzinapa VI del GIEI, no sólo se actualizó la información sobre el caso, sino que también se reveló la magnitud de los desafíos que enfrenta la justicia mexicana en la lucha contra la impunidad.
La participación del Estado
Uno de los bloques más sensibles del informe se centra en la actuación de las Fuerzas Armadas, la Marina y los servicios de inteligencia.
El GIEI expuso contradicciones en las versiones oficiales de SEDENA, SEMAR y CISEN respecto a la existencia de documentos, la participación en operativos y la entrega de información.
El análisis técnico de comunicaciones y localización de telefonía también reveló la presencia y coordinación de militares, policías y miembros del crimen organizado en los escenarios clave de la desaparición de los estudiantes.
El informe detalla cómo SEDENA tenía conocimiento en tiempo real de los movimientos de los normalistas y de los ataques sufridos, pero omitió actuar para protegerlos.
Además, documentó el ocultamiento de sanciones disciplinarias, la negativa a proporcionar información sobre agentes infiltrados y la manipulación de grabaciones de cámaras de seguridad.
En el caso de la Marina, el GIEI reveló operativos clandestinos, detenciones ilegales, casos de tortura y la intervención en escenarios como el basurero de Cocula y el río San Juan, donde se alteraron pruebas fundamentales para la investigación.
El papel del CISEN también es objeto de escrutinio, al haberse constatado su conocimiento de los hechos y su participación en interrogatorios bajo tortura, así como intentos de limitar el uso de información relevante para la investigación judicial.
Crimen organizado y su relación con autoridades
Por otro lado, el informe profundiza en la estructura y funcionamiento de Guerreros Unidos y otras organizaciones criminales, subrayando la existencia de una red criminal con vínculos directos con autoridades municipales, estatales, federales y militares.
Las escuchas telefónicas y los testimonios recabados en el informe muestran cómo la colusión y la protección institucional permitieron la desaparición de los estudiantes y el control territorial del trasiego de drogas entre México y Estados Unidos.
El GIEI advirtió que la investigación de la desaparición forzada debe ir más allá de la persecución individual de responsables y centrarse en el análisis de las redes y contextos que posibilitaron el crimen.
La impunidad y la falta de investigación sobre patrones de macro criminalidad han perpetuado la violencia y el control del crimen organizado en la región.
El VI informe del GIEI reconoce el papel central de las víctimas y sus familias en la lucha por la verdad y la justicia. La demanda de saber el destino y paradero de los jóvenes desaparecidos, así como la exigencia de justicia para los responsables de los asesinatos y ataques, sigue siendo el motor de la investigación.
El informe destaca el derecho de la sociedad a conocer la verdad y la importancia de la garantía de no repetición como condición para la reparación y la transformación institucional en México.
Algunos avances
El GIEI, bajo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha documentado a lo largo de los años un complejo entramado de colusión entre autoridades y crimen organizado, así como la manipulación y ocultamiento de pruebas.
En su informe Ayotzinapa VI, el grupo detalló los resultados globales de la investigación, incluyendo revelaciones sobre la participación de policías municipales, estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia en los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Entre los avances más significativos, el informe destaca la ruptura de algunos pactos de silencio gracias a la protección de testigos, la detención de nuevos implicados y la reactivación de órdenes de captura contra personal militar y funcionarios públicos.
El GIEI también subrayó que la asistencia técnica internacional ha sido clave para fortalecer la investigación, permitiendo el acceso a archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina (SEMAR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la integración de pruebas documentales y testimoniales que amplían la perspectiva del caso.
El informe también reconoció la labor de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creadas en 2019 y 2020 respectivamente, como mecanismos complementarios que permitieron avanzar en la judicialización de los responsables y en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
A pesar de los avances, el GIEI identificó obstáculos estructurales como falta de acceso a información clave, la negativa de autoridades para entregar documentos fundamentales, exposición y desprotección de testigos, y presiones políticas e institucionales.
