Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema del agua, que ha afectado a muchas personas en diferentes zonas del país.
De acuerdo con la información compartida por la mandataria, luego de que se clausuraran algunos pozos ilegales, también se revisaron modificaciones a las sanciones por estos actos.
En este contexto, una periodista comentó que el pasado martes 23 de septiembre, la Coparmex, autoridades de la Semarnat y la Conagua tuvieron una reunión con empresarios, quienes estaban preocupados de que estas medidas les afectaran pero Sheinbaum respondió que no tenían por qué preocuparse.
“No hay nada contra los empresarios”
Según lo que comentó la reportera, están preocupados porque llegarían todos estos cambios tanto para la transición energética como para el agua, por lo que buscaban una especie de apoyo mientras colaboran con las autoridades independientemente de todas las concesiones y toda la reorganización de estas dos iniciativas.
“No tienen de qué preocuparse ni tiene por qué haber preocupación, porque no hay nada contra los empresarios. Nada”, comentó la presidenta, que posteriormente agregó que “no hay algo contra ellos relacionado con el tema de energía o el del agua ”sólo que se pongan en orden".
También compartió que no existe nada en su contra y que por ese mismo motivo “no existe razón para dar un apoyo especial, dado que no hay absolutamente nada que vaya a afectarlos”, concluyó.
Plan Hídrico Nacional
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 es una estrategia que reconoce el agua como un derecho y un bien de la nación, con el propósito de garantizar su acceso equitativo para toda la población. Durante una conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el plan rompe con la visión neoliberal y promueve la gestión pública y sustentable del recurso.
El documento establece cuatro ejes fundamentales: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; y gestión integral y transparente. En ese marco, la presidenta afirmó que “el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho... Recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano”.
Entre las acciones anunciadas destacó el ordenamiento de concesiones, con el objetivo de evitar la venta de títulos no utilizados y devolver voluntariamente el recurso para consumo humano.
También impulsa la tecnificación de riego agrícola, el desarrollo de infraestructura de agua potable mediante la coordinación entre gobierno, estados y municipios, y la atención prioritaria a regiones con carencia en el acceso al agua.
El saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula forma parte de los proyectos clave incluidos. Para 2025, el Gobierno de México contempla una inversión de 20 mil millones de pesos destinada a estas iniciativas, de acuerdo con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.
Una de las primeras acciones fue la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, el 25 de noviembre, con la participación de distritos y unidades de riego, consumidores industriales, instituciones académicas y comunidades usuarias.
El plan abarca, entre otras medidas, la revisión de títulos de concesión, la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar (Renab), la implementación de un programa de inspección ciudadana, nuevas reformas a la Ley de Aguas Nacionales y el establecimiento de una Ventanilla Única de Gestión para reducir trámites y agilizar tiempos de respuesta.
Morales López precisó que se tecnificarán más de 200 mil hectáreas de riego beneficiando a 225 mil familias productoras. Asimismo, el Plan Nacional Hídrico incluye 16 grandes proyectos de infraestructura: presas, desaladoras, acueductos y obras de protección contra inundaciones en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato, Colima, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Guerrero y la Zona Metropolitana del Valle de México.
