La historia reciente del mundo ofrece una lección insistente: presidentes que parecían intocables terminan procesados y hasta encarcelados por corrupción.
Los vimos en Corea del Sur, en Francia, en Perú, en Brasil. El guion es predecible: mientras gobiernan, gozan de un blindaje construido con mayorías parlamentarias, fiscalías sometidas o pactos de conveniencia con sucesores dispuestos a preservar la continuidad. Al dejar el cargo, sin embargo, ese blindaje se resquebraja y la justicia finalmente los alcanza, a veces con años de retraso, pero con la contundencia de un recordatorio inevitable: el poder no es sinónimo de eternidad.
En México, la lógica es similar, aunque con un matiz alarmante: aquí la impunidad se ha vuelto regla, no excepción. Basta con mirar alrededor. Procesos judiciales que nunca prosperan, escándalos que se olvidan con rapidez, expedientes que se archivan sin consecuencias, instituciones que actúan selectivamente, con toda la fuerza contra unos y con ceguera cómplice frente a otros. En este ecosistema, las violaciones al derecho interno, internacional e incluso humanitario se acumulan como heridas abiertas que rara vez cicatrizan. El ciudadano común observa, impotente, cómo los poderosos parecen atravesar indemnes cualquier señalamiento, y confirma, con amarga resignación, que en nuestro país la justicia tarda tanto que casi nunca llega.
A esta realidad se suma un fenómeno inquietante: el ataque deliberado a los sistemas judiciales y a los órganos de control. En distintos países, y también en el nuestro, se ha buscado debilitar tribunales, capturar fiscalías, reducir contrapesos e incluso desprestigiar a los jueces que se atreven a actuar con independencia. El discurso que presenta al Poder Judicial como un obstáculo al “mandato popular” o a la “transformación” no es nuevo, pero hoy se ha convertido en estrategia recurrente de quienes entienden que, mientras controlen a los jueces, blindan su impunidad. Así, la corrupción se protege no sólo con pactos políticos, sino con el desmantelamiento calculado de los límites que deberían contenerla.
En este entramado, el dinero en forma de ayudas sociales funciona como amortiguador político. Mientras los recursos fluyen, la indignación ciudadana frente a la corrupción, la impunidad o la violencia pierde intensidad. El ciudadano no deja de ver los problemas, pero los coloca en segundo plano porque percibe que, a pesar de todo, “algo le llega” directamente. En sociedades con alta desigualdad e informalidad, esa percepción tiene un peso descomunal. El riesgo es que se crea que los programas sociales sustituyen a la justicia, a la seguridad y a la buena gobernanza. Es un pacto tácito: yo aguanto los abusos mientras me den un ingreso mínimo. Ese pacto sostiene a gobiernos populistas de izquierda y de derecha, en México y en el mundo. Pero es un pacto frágil. Si el flujo de apoyos se interrumpe —por crisis fiscal, recesión o incapacidad de gestión—, la tolerancia ciudadana se erosiona de golpe, y lo que parecía lealtad firme se convierte en descontento masivo. Ahí está el talón de Aquiles: el sostén clientelar es efectivo, pero depende de un gasto continuo y creciente, y no construye instituciones sólidas ni confianza duradera.
Reducir este fenómeno a un problema meramente institucional sería quedarnos en la superficie. La corrupción, la impunidad y la violencia desenfrenada no solo son fallas del Estado, también revelan algo más profundo: un reflejo de la condición humana. Detrás de cada acto de colusión, de cada encubrimiento, de cada omisión deliberada, laten impulsos que trascienden a las estructuras jurídicas: la codicia que empuja a acumular más allá de toda medida, el egoísmo que relega lo común al último plano, la ausencia de empatía que borra la capacidad de ver al otro como un igual. La impunidad es, en ese sentido, una expresión moderna de instintos antiguos: el dominio, la apropiación, la violencia convertida en herramienta de poder.
Por supuesto, necesitamos instituciones firmes, contrapesos efectivos, jueces independientes y marcos normativos sólidos. Pero eso no basta. Ninguna arquitectura legal podrá resistir si la cultura política y social sigue alimentando la idea de que la trampa es astucia, de que el abuso es ventaja y de que el poder es licencia para imponerse.
La conclusión es amarga pero real: en México, como en buena parte del mundo, la justicia rara vez alcanza a los poderosos cuando aún detentan poder. Se les procesa después, cuando ya son piezas gastadas, cuando su caída sirve a otros intereses o cuando el tiempo les ha quitado toda utilidad política. Esa es la impunidad más corrosiva: la que no es producto de un vacío legal, sino de un pacto tácito que convierte a la justicia en un arma de oportunidad, no en un principio universal.
Y mientras tanto, la ciudadanía asiste con escepticismo al espectáculo. Porque en el fondo sabemos que, aunque la rueda de la justicia gire, lo hace demasiado tarde. Y en ese retraso se extravían no solo la confianza en las instituciones, sino también la esperanza de que algún día la ley pese más que los pactos de poder.
* Gildardo López Hernández. Académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana
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