Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó en qué consiste la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que actualmente se analiza en el Senado de la República, detallando cuáles son los lineamientos que se busca añadir para agilizar el juicio para dicho trámite, “con reglas muy precisas y claras”.
En La Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal argumentó que considera necesaria la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, ya que actualmente el trámite para el juicio “es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales”, además de que “no se encuentra a la vanguardia con los avances tecnológicos”, lo cual afirmó que dificulta su acceso y efectividad.
¿Cuáles son los cambios que se proponen para la Ley de Amparo?
Godoy Ramos indicó que en la propuesta de reforma se establecen elementos, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo, conforme a los criterios que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la aceptación de las demandas.
Los cambios son:
- Se establecen plazos y términos para una justicia pronta en donde las normas actuales igualmente como en el código no están previstas.
- Justicia digital: se incorpora en el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital con plena validez legal operatividad práctica, sin que ello sustituya la procedencia documentada del procedimiento, es decir, se va a seguir atendiendo lo documental, pero hay obligación de digitalizar.
- Ejecución de sentencias: las personas juzgadoras deberán señalar con claridad quién debe cumplir la sentencia y qué le toca. hacer, para que no haya pretexto por parte de las autoridades y se respete el derecho de la persona.
- Suspensión provisional y definitiva: la reforma plantea que no se afecte el sistema financiero, todo eso lo deben de ver los juzgadores. Se establecen reglas claras para la procedencia de la suspensión provisional y definitiva.
- Congelamiento de cuentas: el órgano jurisdiccional dejará a salvo los recursos necesarios para el pago de obligaciones laborales, fiscales y alimentarias y asegurar la subsistencia de la persona física y acreedores alimentarios.
La funcionaria federal aseveró que esta reforma permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda requerir, obtener y diseminar información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas.
Destacó que esto último también fortalecerá las capacidades del Estado para proteger la economía nacional a través del uso de inteligencia financiera y congelamiento inmediato de ganancias de criminales, para reducir su capacidad de perpetuar su actividad delincuencial.
Resaltó que en el caso de los Créditos Fiscales Firmes, la iniciativa propone que la actuación de la autoridad para el cobro de ese Crédito Fiscal Firme, sea a través del amparo; sin embargo, podrá “impugnarse hasta determinado momento de todo el proceso que se establece en el Código Fiscal”.
“Se establecen reglas muy claras para que se pueda otorgar en algún momento la suspensión de los actos de cobro bajo la condición de que se otorgue una garantía. Se puede dar la suspensión, pero se tiene que garantizar ese Crédito Fiscal, ya, Firme después de haber pasado por todas las etapas procesales.
“Y esa garantía tiene que ser lo suficientemente fuerte, como puede ser un billete de depósito o cartas de crédito”, abundó.
