La incautación de 10 millones de litros de diésel ilícito en Tampico, Tamaulipas, y la detención de decenas de personas, entre empresarios, marinos y exfuncionarios, dejaron al descubierto el funcionamiento y la dimensión internacional de un delito que ha mutado con el tiempo: el huachicol fiscal.
Este esquema se consolidó como uno de los negocios ilícitos más rentables y sofisticados de la región para los grupos criminales, golpeados por la lucha de diversos gobiernos contra el narcotráfico.
En sus orígenes, el robo de combustible en México se manifestó como una actividad casi artesanal. Según InSight Crime, en la década de 1990 emergieron grupos locales conocidos como huachicoleros, que perforaban ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en regiones rurales, utilizando válvulas y bidones. El combustible sustraído se vendía entre familias y pequeños comerciantes, muchas veces a precios simbólicos, lo que generó una percepción social ambivalente: aunque ilegal, el delito era visto por algunos como una respuesta a la marginación y al desempleo.
La operación huachicolera fue adquiriendo elementos culturales propios. InSight Crime expone que los primeros huachicoleros cultivaron una imagen cercana a la de Robin Hood, repartían utilidades, inspiraron corridos y hasta popularizaron la figura religiosa del “Niño Huachicoleo”, a quien se encomendaban para evitar accidentes y arrestos.
En sus primeras etapas, las condiciones precarias de las tomas clandestinas conllevaron accidentes y tragedias graves. Ejemplo de ello es la explosión en Tlahuelilpan en enero de 2019, tras una perforación masiva donde murieron al menos 137 personas.
Durante los años 2000, el atractivo económico del negocio despertó el interés de grandes organizaciones criminales, como Los Zetas y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los Zetas, en particular, desplazaron en Tamaulipas y otras zonas petroleras del norte a las bandas locales, profesionalizando el delito y estableciendo rutas, bodegas y mecanismos de distribución clandestinos a gran escala. La operación ilícita evolucionó hacia una logística sofisticada y violenta, y, con el tiempo, se convirtió en un frente prioritario de financiamiento para el crimen organizado.
InSight Crime detalla que varios factores impulsaron esta transformación. Por un lado, la ofensiva federal contra el narcotráfico desde 2006 forzó a los cárteles a diversificar sus ingresos. Por otro, la reducción de subsidios y el alza de precios en estaciones de servicio incrementaron el margen de ganancia.
La disputa territorial, especialmente entre Los Zetas y el Cartel del Golfo, hizo de Tamaulipas el primer gran epicentro del huachicol, antes de que el fenómeno se expandiera hacia estados como Puebla, Guanajuato e Hidalgo.
En apenas 15 años, el número de tomas clandestinas explotó: Pemex pasó de identificar 152 en 2003 a casi 15.000 en 2018. Las rivalidades por el control de ductos y la penetración en la vida institucional y económica consolidaron al robo de combustible como una de las principales economías ilícitas del país, sentando la base para la aparición del huachicol fiscal.
De las perforaciones clandestinas al fraude aduanero
La llegada de nuevas formas de contrabando transformó el panorama. El huachicol fiscal surgió como respuesta a los mayores controles sobre los ductos y como una vía más compleja para obtener ganancias.
Esta modalidad explota vacíos legales en la importación de hidrocarburos, con la manipulación de fracciones arancelarias y declaraciones fraudulentas sobre el tipo de producto que ingresa al país.
El combustible suele registrarse como lubricantes, alcoholes o aditivos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permite venderlo en el mercado nacional a precios por debajo de su valor real.
De acuerdo con diversos reportes periodísticos, el huachicol fiscal provocó pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos para la economía nacional. La dimensión de este esquema ha llamado la atención de la Embajada de Estados Unidos en México, que lo identifica como la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo por detrás del narcotráfico.
Redes internacionales y complicidad institucional
La sofisticación de este modelo criminal quedó evidenciada con el operativo de marzo de 2025 en Tamaulipas, cuando un buque de bandera singapurense intentó internar 10 millones de litros de diésel ilegal al país. La carga, declarada como aditivos para aceites lubricantes, fue detectada por autoridades mexicanas mediante labores de inteligencia previa iniciadas dos semanas antes. El decomiso, considerado el mayor hasta la fecha, condujo a la detención de 14 personas, entre ellas altos mandos navales, empresarios y exfuncionarios de aduanas.
Las investigaciones posteriores permitieron desarticular una red que operaba en varios estados, con aseguramientos adicionales en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Entre los capturados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien hasta entonces ocupaba un puesto de rango en el organigrama militar y ahora enfrenta cargos por vínculos con la introducción ilegal de combustible.
La lista de implicados incluye también a cinco marinos en activo y a diversas figuras empresariales, como el líder criminal Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo. El caso también ha registrado muertes de al menos siete personajes.
Según las indagatorias y las autoridades estadounidenses, el petróleo robado en territorio mexicano ha cruzado fronteras, alcanzando mercados en Estados Unidos, India y Japón. La red no se limita al robo tradicional: buena parte del combustible ilícito también proviene del contrabando fiscal, en el que empresas fachada y funcionarios cómplices participan en la evasión de impuestos millonarios por el ingreso de hidrocarburos.
Este fenómeno se volvió tan lucrativo que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como la principal fuente de dinero ilícito fuera del narcotráfico para las mafias mexicanas.
