
La detención de Antonio N., acusado de haber cometido abuso sexual contra su abuela de 109 años en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, generó alarma en la comunidad, según informaron fuentes de seguridad pública del estado y fue reportado en redes sociales. El arresto se realizó en el barrio de El Fitzhi luego de que el individuo alteró el orden público y fue identificado como el presunto agresor implicado en los hechos ocurridos el 7 de julio en la localidad de Cerritos.
La víctima, una mujer de 109 años, recibió atención de personal paramédico tras la denuncia presentada por familiares y vecinos. Posteriormente, Antonio N. permaneció prófugo cerca de dos meses antes de ser localizado por efectivos policiales, de acuerdo con la información proporcionada por medios locales. La detención se produjo en el contexto de una búsqueda que se extendió casi ocho semanas.
El caso provocó conmoción en la entidad por la avanzada edad de la afectada y la naturaleza del delito. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros siete meses de 2025 se abrieron 113 carpetas de investigación por abuso sexual en el estado de Hidalgo. Los datos oficiales indican que Ixmiquilpan no figura entre los municipios con mayor número de denuncias, lo que incrementó la atención sobre este incidente por su carácter poco habitual.
Las autoridades judiciales determinarán la posible responsabilidad de Antonio N., quien enfrenta agravantes legales debido a la relación directa con la víctima, considerada persona en condición de vulnerabilidad. El Código Penal del Estado de Hidalgo establece que el abuso sexual cometido contra un familiar y una persona de edad avanzada puede implicar un aumento en la pena prevista. El artículo 183 contempla sanciones de hasta 14 años de prisión, pero en caso de agravantes —como la relación familiar y la situación de la víctima— la penalidad podría ser mayor, según la tipificación legal vigente.
La información fue confirmada por fuentes estatales; aunque también se destaca la preocupación social tanto por las circunstancias del delito como por la tardanza en lograr la captura del presunto agresor. El caso continúa bajo investigación por las instancias correspondientes, quienes analizarán los factores de agravamiento y las condiciones de la víctima para determinar las penas aplicables conforme a la ley local.
Cabe mencionar que las víctimas de abuso sexual con un vínculo familiar con el agresor suelen enfrentar mayores obstáculos para denunciar, debido a la dependencia afectiva o económica y el temor a represalias dentro del entorno cercano.