La desaparición de Daira Valentina Sánchez Rodríguez, una adolescente de 16 años vista por última vez en Tonalá, Jalisco, el 23 de agosto de 2025, ha generado una movilización urgente entre familiares y la comunidad local. La familia de Daira Valentina ha solicitado el apoyo de la sociedad para localizarla.
La última vez que se tuvo contacto con la menor fue entre las 16:00 y 17:00 horas del sábado, y desde entonces no se ha confirmado ninguna ubicación precisa.
La familia ha difundido detalles específicos sobre su apariencia, como un lunar blanco en el abdomen, pecas en el rostro, brackets con ligas azules, cabello largo castaño oscuro con mechas azules y vestimenta compuesta por una sudadera naranja, camisa roja con rayas grises, pantalón de mezclilla azul claro rasgado y tenis blancos marca Converse. Cualquier información puede ser comunicada al número 33 3145 6314 o al correo comisióndebúsqueda@jalisco.gob.mx.
El caso de Daira Valentina se inscribe en un contexto alarmante para el estado de Jalisco, que, según el Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), acumula 15.838 denuncias de desaparición, mientras que el Registro Nacional contabiliza 15.523 casos. De ese total, 14.027 corresponden a hombres y 1.811 a mujeres. Cinco municipios concentran más de siete mil expedientes: Zapopan (2.828), Guadalajara (2.678), Tlajomulco (1.553), San Pedro Tlaquepaque (1.268) y Tonalá (683). La magnitud de la crisis se vincula, según especialistas citados por Andrés García S., a la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la disputa entre grupos criminales, la explotación laboral y sexual, y la participación de autoridades locales.
Entre 2023 y 2024, el número de desapariciones de niñas y mujeres en Jalisco experimentó un aumento de entre 20,5% y 23%, fenómeno que se ha visto acompañado por el reclutamiento de adolescentes a través de redes sociales y plataformas de videojuegos por parte de organizaciones criminales. Naciones Unidas ha advertido sobre la necesidad de reconocer a las familias como aliadas en la búsqueda, garantizar su protección y activar protocolos de manera inmediata, además de aplicar una perspectiva diferenciada según la condición de la víctima, ya sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad o migrante.
A pesar de que existen capacidades técnicas en la entidad, como el rastreo telefónico, el análisis de geolocalización y la revisión de cámaras de seguridad, colectivos de búsqueda han denunciado que estas herramientas solo se despliegan cuando los casos reciben alta cobertura mediática. Esta actuación desigual deja a muchas familias sin acceso a recursos especializados, lo que incrementa la percepción de desinterés institucional y alimenta la impunidad.
La problemática de las desapariciones en México trasciende el ámbito estatal. Hasta 2022, el país acumulaba más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, instalaciones forenses, universidades y centros de resguardo, además de miles de fragmentos recuperados en fosas clandestinas.
Expertos de la ONU estiman que serían necesarios 120 años para identificar todos los restos, sin considerar los que se suman diariamente. El registro nacional supera las 5.600 fosas clandestinas, mientras que la impunidad alcanza casi el 99% de los casos. Naciones Unidas ha señalado que, aunque existen protocolos de búsqueda, su aplicación es deficiente: las investigaciones suelen comenzar con retraso, las familias enfrentan desconfianza institucional y, en muchos casos, las víctimas son criminalizadas.
