El presidente de la organización civil Perteneces AC, José Mario de la Garza, afirmó que a partir del 1 de septiembre comenzará a operar un nuevo Poder Judicial en México cuya reconfiguración incluyó la elección de ministros y jueces mediante un procedimiento inédito, la instalación de un Pleno que sesionará sin divisiones en salas, así como la creación de un Tribunal de Disciplina con atribuciones para aplicar sanciones de manera efectiva. También anunció la conformación de un Órgano de Administración encargado de concentrar todas las funciones de gestión dentro del ámbito judicial.
A través de una publicación en X, De la Garza señaló que la presentación de los cambios estuvo acompañada de símbolos como ceremonias de “purificación” y la entrega de bastones de mando, elementos que, a su juicio, representan el fin de la etapa iniciada en el sexenio de Ernesto Zedillo y la apertura de un modelo de justicia más público, con mayor componente político y sujeto al escrutinio social.
No obstante, advirtió que, detrás de los rituales y del discurso reformador, permanece la duda sobre si esta transformación conducirá a una auténtica democratización o a una eventual captura partidista del Poder Judicial. En su análisis, un Pleno único podría permitir decisiones más coherentes o, por el contrario, generar bloqueos en los procesos; el Tribunal de Disciplina podría terminar con la impunidad o convertirse en un mecanismo de presión política; y la centralización administrativa podría traducirse en eficiencia o en un nuevo esquema de control.
Finalmente, subrayó que la consolidación de este modelo dependerá de la existencia de reglas claras, la publicación de métricas verificables y la instauración de condiciones de transparencia radical.
Problema del Estado de Derecho: “Falta de sentencias, no de jueces”
Este sábado, De la Garza declaró en la misma red social que, en México, el principal problema del Estado de derecho no es la falta de jueces, sino la falta de cumplimiento de las sentencias. Señaló como ejemplos la desatención de resoluciones sobre el saneamiento del río Atoyac, la adscripción militar de la Guardia Nacional pese a su invalidez, y los amparos que exigen mejores condiciones en cárceles, que permanecen incumplidos.
Advirtió que un país que permite la desobediencia de sus sentencias —en materia ambiental, de seguridad o de derechos humanos— termina normalizando la impunidad desde las altas esferas. Subrayó que garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales es la verdadera prueba del Estado de derecho, y mientras incumplir siga siendo barato, la justicia en México seguirá siendo únicamente una promesa.
