A mediados del siglo XIX, la política mexicana atravesaba uno de los periodos más turbulentos y definitorios de su historia. El país, aún joven en su vida independiente, buscaba respuestas frente a las graves consecuencias derivadas de años de conflictos internos y externos.
En este complejo escenario emergió la figura de Antonio López de Santa Anna, quien, según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), experimentó su regreso más imponente al poder entre 1853 y 1855, época en la que alcanzó el control absoluto del gobierno nacional.
El antecedente inmediato de la última llegada al poder de Santa Anna se remonta a los estragos producidos por la guerra entre México y Estados Unidos. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, acuerdo que implicó la pérdida de más de 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados de territorio, representando no solo un daño material, sino un profundo golpe anímico para la nación.
La desconfianza y el desaliento marcaron a la sociedad de la época, que veía desmoronarse la idea de grandeza nacional promovida tras la independencia de 1821. La falta de un proyecto unificador había impedido a México enfrentar con éxito los retos del momento, y la constante fragmentación interna obstaculizaba la posibilidad de construir instituciones sólidas y legítimas.
Ante el estancamiento de todos los experimentos de gobierno en las primeras décadas de vida independiente, se fue extendiendo la idea de que solo una dictadura permitiría restablecer el orden y garantizar la subsistencia del país. La necesidad de un líder con poder casi irrestricto para negociar con los sectores clave y estabilizar la nación era ampliamente compartida.
La oportunidad para este giro decisivo surgió desde el occidente del país. El 26 de julio de 1852, en Guadalajara, el militar José María Blancarte encabezó un pronunciamiento local, que rápidamente adquirió dimensiones nacionales.
El movimiento cristalizó con el Plan de Guadalajara, proclamado el 13 de septiembre de 1852 por Carlos Sánchez Navarro, cuyos incluían invitar formalmente a Antonio López de Santa Anna a volver a México para asumir el liderazgo y rescatar el sistema federal y el orden perdido. Posteriormente, la iniciativa fue modificada el 20 de octubre con el Plan del Hospicio, que sumó la exigencia de un congreso extraordinario.
Frente al avance del levantamiento, el presidente Mariano Arista buscó respaldo del Congreso proponiendo medidas fiscales y poderes excepcionales, pero encontró rechazo. Incapaz de controlar la situación, presentó su renuncia el 3 de enero de 1853. En poco tiempo, Juan Bautista Ceballos asumió la presidencia, pero su gestión fue efímera debido a su bajo margen de maniobra, siendo relevado por José María Lombardini. Este último, simpatizante de Santa Anna, allanó el regreso del general al poder.
El 1 de abril de 1853, Antonio López de Santa Anna desembarcó en Veracruz tras su exilio, siendo recibido por comisiones estatales y autoridades portuarias. Para el 20 de ese mes, ya ostentaba la banda presidencial en la Ciudad de México e instaló un gabinete donde sobresalió Lucas Alamán como ministro de Relaciones, junto con otros personajes. Alamán, antes de morir, alcanzó a proponer las bases para una nueva administración y la creación de mecanismos de gobierno.
La muerte de Lucas Alamán, el 2 de junio de 1853, dejó a Antonio López de Santa Anna sin restricciones y pudo gobernar a su conveniencia. En este período estableció impuestos a las ventanas, censuró a la prensa y, mediante un decreto, se proclamó Alteza Serenísima. Su presidencia duró hasta 1855.
