En el calendario histórico de México, el 24 de agosto de 1821 brilla con fuerza por ser la fecha en que se firmaron los Tratados de Córdoba, un acuerdo que selló, de manera formal y práctica, la independencia del país después de más de una década de guerra.
Este documento surgió en un momento crucial, cuando la lucha insurgente y el control militar ejercido por el Ejército Trigarante habían reducido al mínimo la autoridad colonial, mientras los distintos sectores sociales y políticos coincidían en la necesidad de separar a México de la monarquía española. La firma en la villa de Córdoba, Veracruz, marcó el desenlace de un largo proceso y sentó las bases para el nuevo país independiente, según información del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).
El ambiente de 1821 se encontraba transformado. La mayor parte del territorio novohispano apoyaba la independencia y solo restaban bajo dominio español puntos clave como Veracruz y Acapulco, con una capital sitiada y la moral realista debilitada.
Por un lado estaba Juan de O’Donojú, nombrado como capitán general y jefe político (en ese momento el título de virrey ya no existía) por Fernando VII, ese acto representó un último esfuerzo para mantener la autoridad imperial. Sin embargo, optó por el diálogo y la negociación.
Del otro lado estaba Agustín de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante, quien había promulgado en febrero de ese mismo año el Plan de Iguala, documento base que buscaba unir a los distintos grupos a favor de la emancipación bajo tres garantías: religión, unión e independencia.
Encontraron así el punto de encuentro el 24 de agosto en Córdoba. De la discusión surgieron diecisiete artículos, en los que sobresalen principios clave. El primero de ellos menciona: “Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano”.
Respecto a la forma de gobierno, el artículo segundo dictaminó que “el gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado”. El trono, en principio, recaería en Fernando VII, pero si este declinaba la oferta, se invitaría a otros miembros de la dinastía borbónica; de no haber aceptación, la decisión quedaría en las manos del nuevo congreso mexicano.
La estructura gubernamental provisional también se detalló: se conformaría una Junta Provisional Gubernativa, con participación de los personajes más notables de la nueva nación, incluidas figuras tanto peninsulares como criollas. Dicha junta asumiría funciones ejecutivas y legislativas, nombrando además una regencia para gobernar hasta definir quién ocuparía el trono.
Los firmantes de este acuerdo histórico fueron, en representación de México, Agustín de Iturbide, y por España, Juan de O’Donojú. Ambos sellaron el pacto que, según destaca el INEHRM, consolidó el paso definitivo hacia la independencia y aportó un modelo de transición que, aunque no fue revolucionario en todos sus aspectos, permitió sentar las bases para el nacimiento de la nación soberana.
