Representantes del gobierno estatal dialogaron y negociaron la liberación de 150 elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal del Ejército mexicano tras recibir un reporte de habitantes de la comunidad de Tlayolapa, en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, al denunciar presuntos abusos cometidos por elementos federales y la Policía Estatal, quienes, de acuerdo con su testimonio, irrumpieron de manera ilegal en más de 200 viviendas, donde habrían saqueado aparatos electrónicos, joyería y dinero en efectivo por un valor estimado en 34 millones de pesos.
Según reportes de El Financiero la madrugada del pasado 22 de agosto, alrededor de 150 efectivos llegaron a la localidad a bordo de nueve camionetas, tras el arribo, los inconformes declararon que los uniformados entraron por la fuerza a decenas de domicilios sin presentar órdenes de cateo, lo que desató la molestia de los habitantes, quienes decidieron retenerlos por casi 12 horas como medida de presión para que las autoridades atendieran sus reclamos.
Denuncias de saqueo
Tras las acciones, el abogado comunitario Daniel Rosas Martínez informó que los pobladores realizaron un recuento de los bienes presuntamente sustraídos, entre los que se encuentran 27 computadoras, 60 televisores, 43 teléfonos celulares, 10 kilos de oro en joyería y 5.3 millones de pesos en efectivo, lo que en total representaría un daño patrimonial superior a los 34 millones 281 mil pesos.
Las acusaciones también incluyen el señalamiento de cateos ilegales en al menos 219 hogares de la zona, donde familias enteras aseguran que fueron sorprendidas durante la madrugada, sin explicación ni respaldo judicial que justificara la presencia de las fuerzas de seguridad.
Mesa de diálogo y liberación de los retenidos
Ante la tensión generada en Tlayolapa, al bloqueo de los habitantes se sumaron transportistas de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero. La situación llevó a la intervención del subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien acudió al lugar acompañado de elementos de la policía estatal para abrir un canal de diálogo.
Tras varias horas de negociaciones, Rodríguez Cisneros anunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) enviará un Ministerio Público móvil a la comunidad para recibir denuncias y abrir de manera inmediata carpetas de investigación que permitan esclarecer lo ocurrido.
“Rodríguez Cisneros, resaltó que con estas acciones el gobierno del estado refrenda su compromiso de mantener la gobernabilidad y atender de manera responsable las demandas de la ciudadanía y reiteró que se mantienen abiertos todos los canales de comunicación con todas las comunidades, como vía para resolver diferencias y atender las inquietudes de la población”, se lee en el comunicado oficial del gobierno estatal.
Con este acuerdo, los pobladores accedieron a liberar a los elementos de la GN, Ejército y Policía estatal que permanecían retenidos. El subsecretario aseguró que, en caso de comprobarse los abusos denunciados, los responsables serán sancionados conforme a la ley.
Respuesta del Gobierno de Guerrero
En un comunicado oficial, el gobierno estatal destacó que la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene como prioridad resolver los conflictos con comunidades “privilegiando siempre la conciliación y el diálogo”. Además, refrendó su compromiso de garantizar la paz, la gobernabilidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía.
La mesa de trabajo realizada en Tlayolapa contó con la participación de representantes de la Fiscalía estatal, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), comisarios de distintas comunidades de Juan R. Escudero y el abogado de los pobladores.
Finalmente, el gobierno reiteró que se mantendrán abiertos todos los canales de comunicación con las comunidades de la entidad para atender sus demandas y dar seguimiento a sus inquietudes.
