Empresarios y productores agropecuarios de la Comarca Lagunera de Durango emitieron un llamado urgente a las autoridades federales al denunciar una compleja red de extorsión que, afirman, involucra tanto a líderes sindicales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) como a organizaciones del crimen organizado.
El pronunciamiento, respaldado por cámaras industriales, uniones ganaderas y asociaciones de agricultores, exige la atención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Estas agrupaciones advirtieron que los sectores productivos de la región enfrentan un contexto de asedio, donde las actividades criminales han impactado de forma directa en rubros como la agricultura, la ganadería, el transporte y el pequeño comercio.
Cobros ilegales y control de mercados
Un comunicado, divulgado en redes sociales, sostiene que en La Laguna de Durango se ha institucionalizado el cobro de piso bajo la apariencia de cuotas sindicales, con amenazas, agresiones y represalias para quienes se niegan a pagar.
Los afectados incluyen a campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, avicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicios y trabajadores independientes. “No aguantamos más”, advierten los firmantes.
Entre los mecanismos de extorsión resaltados, los productores denuncian la imposición de cuotas por cada metro cúbico de material de construcción transportado; pagos forzados por el traslado de ganado; desvíos ilegales de agua con cobros de hasta 20 mil pesos por hectárea; y el control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza.
También se reporta que los responsables de las extorsiones imponen restricciones al comercio de silo forrajero y alfalfa, establecen precios y condiciones de venta, y deciden quién puede participar en su distribución. Comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios enfrentan cobros obligados.
Además, hay denuncias sobre el despojo de obras públicas y privadas mediante intimidación, así como amenazas recurrentes a propietarios de tiendas y restaurantes. A este panorama se suma la extorsión en retenes de alcoholímetro, donde se señala la participación directa de grupos delictivos.
Un señalamiento adicional del comunicado apunta directamente a la estructura sindical: “Denunciamos la desviación de las funciones sindicales legítimas del Sindicato CATEM Laguna Durango hacia actividades económicas ajenas a su objeto social y la portación de armas de fuego de su cuerpo de seguridad, rebasando sus atribuciones legales, ejerciendo prácticas monopólicas e intimidatorias”.
Los productores advierten que La Laguna no debe ser un territorio de cárteles, ni sindicatos criminales: “Exigimos seguridad para producir, trabajar y vivir en paz. No pagaremos por trabajar, ni callaremos ante la corrupción, ni ante las amenazas”.
También alertan sobre la extensión progresiva de la problemática y apuntan a que ya no sólo sucede en Gómez Palacio y Lerdo, ahora se expande a Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo, Cuencamé y muchos otros municipios.
Señalamientos contra la CATEM
Las organizaciones empresariales y agrícolas impugnaron además el papel de la CATEM en la supervisión y cobro de cuotas en los módulos de riego —en el Distrito de Riego 017—, señalando la usurpación de funciones y la presencia de cuerpos de seguridad privados armados.
El conflicto entre productores y CATEM no es nuevo. A inicios y mediados de 2025, transportistas y agricultores realizaron bloqueos en varios puntos de la Comarca Lagunera, denunciando extorsiones sistemáticas por parte de operadores sindicales.
La CATEM, cuyo secretario general nacional es el diputado Pedro Haces Barba, negó las acusaciones y responsabilizó a sus críticos de impulsar una campaña de desprestigio.
¿Qué cárteles operan en Durango?
La problemática denunciada se da en paralelo a la operación de dos grandes cárteles en el estado de Durango: el Cártel de Sinaloa, con especial presencia en la sierra y con aliados locales como los Cabrera Sarabia, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya influencia ha crecido en años recientes en la región.
En 2025, se documentó la aparición de volantes atribuidos al CJNG en la zona, donde se acusaba a funcionarios de colaborar con células rivales, lo que evidencia una pugna territorial activa.
Los expertos y reportes oficiales advierten que la presencia de estos grupos criminales, aunque tradicionalmente concentrada en la zona serrana, ha comenzado a expandirse hacia municipios productores de la Comarca Lagunera, elevando el nivel de riesgo para los sectores productivos.
Otros cárteles, como Los Zetas —en declive— y Cárteles Unidos, han mantenido actividad intermitente en el corredor económico de Durango.
