Este martes 5 de agosto de 2025, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen sobre la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de extorsión. Este delito ha presentado uno de los mayores crecimientos en años recientes.
En una sesión de media hora, con un diputado participando por cada grupo parlamentario, se avaló la modificación del inciso A, fracción 21 del Artículo 73 de la Constitución, sumando la atribución mencionada al Congreso con 37 votos a favor.
Tras su aprobación, el dictamen será enviado a la Mesa Directiva y se prevé que figure entre los primeros temas a discutirse al inicio del periodo ordinario de sesiones en septiembre.
El documento aprobado especifica que la Comisión de Puntos Constitucionales se adhiere íntegramente a la propuesta entregada por Claudia Sheinbaum el 10 de julio de este año, señalando en el dictamen que “Definitivamente, consideramos y concluimos que se encuentra fundada, motivada. Es oportuna y necesaria”.
Con el cambio constitucional, se facultará al Congreso de la Unión para expedir una ley general que unifique el tipo penal de extorsión, estipule agravantes, incluya delitos vinculados, fije sanciones y establezca mecanismos de prevención, investigación y atención efectiva para víctimas, ofendidos y testigos.
El régimen transitorio establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, concede al Congreso de la Unión un plazo máximo de 180 días para emitir la ley general correspondiente, contado a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la reforma.
Mientras tanto, permanecerán vigentes las disposiciones legales federales y locales en materia de extorsión hasta que el Congreso emita la nueva ley, y el régimen transitorio determinará los plazos y condiciones para que las entidades realicen las adecuaciones necesarias.
El dictamen destaca que la tipificación de la extorsión en el Código Penal Federal data de 1984 y que, desde entonces, la conducta se ha adaptado a las nuevas tecnologías y se vincula estrechamente con la delincuencia organizada, superando los alcances de la norma vigente.
Además, señala que cada estado ha definido su propio tipo penal y sanciones, lo que dificulta su combate a nivel nacional. El análisis expone que la evolución del delito, la multiplicidad de modalidades y los datos estadísticos justifican plenamente la reforma constitucional, que permitirá armonizar y homologar la legislación en todo el país para combatir con mayor eficacia la extorsión.
Oposición vota a favor de dictamen para combatir la extorsión
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, representante del PRI, expresó su respaldo a la reforma constitucional al considerar que el delito de extorsión impacta a una amplia zona del país y no se circunscribe a un solo territorio. Argumentó que legislar esta materia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República constituye una respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
“Siempre vamos a apoyar aquello que sea en beneficio de la sociedad y esperamos que el debate en el Pleno sea lo más pronto posible en el periodo ordinario”, manifestó Moreira Valdez durante su participación.
La diputada Laura Hernández García, integrante de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que el delito de extorsión es empleado por grupos de la delincuencia organizada como medio para obtener recursos económicos.
Advirtió que esta situación afecta a la población en general, dado que muchas personas han sido y continúan siendo víctimas de dicho delito. Hernández García puntualizó que los índices de violencia asociados a la extorsión alcanzan aproximadamente 11 mil casos anuales, mostrando la magnitud de este problema para la sociedad.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), informó que su grupo parlamentario votó a favor de la reforma. La legisladora subrayó que no era posible dejar de respaldar una posible solución a un problema doloroso que ha impactado a todas las regiones del país.
Explicó que la extorsión ha evolucionado, pasando de ser considerada un delito patrimonial a convertirse en una conducta que afecta directamente la libertad y la seguridad de las personas, lo cual justifica el apoyo a la iniciativa.
