Desde la primera administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha presionado a México para establecer un acuerdo de Tercer País Seguro (TPS), que permitiría a Washington devolver a personas solicitantes de asilo no mexicanas a territorio mexicano, con el fin de que tramiten ahí su petición. Este escenario ha vuelto a cobrar vigencia desde el regreso de Trump a la presidencia en 2025.
Una de sus primeras órdenes ejecutivas instruyó al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional y al Fiscal General a avanzar en acuerdos internacionales en línea con el TPS, según la legislación estadounidense. El antecedente inmediato data de su primer mandato, cuando bajo la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos, se acordó un periodo de cooperación migratoria con medidas como el reforzamiento fronterizo.
Requisitos para un país “seguro”
Para que un país sea considerado “seguro” bajo este tipo de convenios, deben cumplirse ciertos requisitos definidos por el derecho internacional y la legislación interna de Estados Unidos. Las personas solicitantes no deben enfrentar persecución, deben tener acceso a un proceso justo y completo de asilo, y se debe garantizar el principio de no devolución.
México no cumple con estas condiciones, de acuerdo con múltiples fuentes. En 2023, la Organización Internacional para las Migraciones calificó la ruta terrestre México–Estados Unidos como la más peligrosa del mundo. Personas migrantes enfrentan riesgos sistemáticos como secuestros, extorsiones, violencia sexual y robos, cometidos tanto por el crimen organizado como por fuerzas del Estado.
Además, diversos grupos en situación de vulnerabilidad —como mujeres, niños, personas LGBTIQ+ y personas racializadas— enfrentan formas agravadas de violencia y discriminación, con impactos diferenciados documentados por organismos internacionales.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó un estudio en 2024 que reveló que todas las mujeres migrantes encuestadas en México reportaron haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea en el trayecto o como causa de su salida del país de origen.
Deficiencias en el sistema de asilo mexicano
Si bien ha habido mejoras operativas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aún persisten obstáculos estructurales. En 2023 y 2024 se registraron retrasos en la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias, cierre prolongado de oficinas en Ciudad de México y rezago en la atención de solicitudes. La sociedad civil también ha documentado múltiples violaciones al principio de no devolución, contraviniendo estándares internacionales.
La falta de recursos, personal e infraestructura adecuados en la COMAR impide garantizar un proceso de asilo efectivo, justo y expedito. Esto coloca a México fuera de las condiciones necesarias para cumplir con lo que exige la legislación estadounidense para establecer un Acuerdo de Tercer País Seguro.
Pese a los acuerdos migratorios alcanzados en administraciones anteriores y a la presión reciente del gobierno estadounidense, la evidencia disponible muestra que México no puede ser considerado un país seguro para personas solicitantes de asilo. La falta de garantías jurídicas, la violencia sistemática contra personas migrantes y las fallas estructurales en el sistema de protección internacional impiden cualquier cumplimiento de las condiciones legales requeridas.
