Esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró que un juez vinculara a proceso a José “M” y Josafat “F”. Ambos enfrentan acusaciones por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la información de la FGR, los imputados también fueron señalados por delitos contra la salud en la modalidad de comercio en su hipótesis de venta. Las investigaciones señalan que los dos individuos posiblemente participaban en la venta.
“#FGR obtuvo vinculación a proceso para José “M” y Josafat “F”, por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, modalidad de comercio en su hipótesis de venta. Fueron detenidos en San Pedro Cholula, Puebla y se aseguró metanfetamina y cartuchos", escribió la autoridad a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Derivado de la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), FGR y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General y Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, ejecutaron un cateo en San Pedro Cholula, en esa entidad.
Durante el operativo fueron detenidos los imputados y se aseguró clorhidrato de metanfetamina y cartuchos. El cateo se llevó a cabo como parte de las acciones conjuntas para combatir hechos relacionados con la delincuencia organizada. Las autoridades que participaron en el operativo actuaron en conjunto para asegurar el lugar y proceder con la detención de José “M” y Josafat “F”.
Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó los datos de prueba ante un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla. Esta actuación permitió obtener la vinculación a proceso de los detenidos.
La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual continuarán las indagatorias para reunir más elementos en el caso.
