La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reconoció este sábado el liderazgo de México en la protección y atención a personas refugiadas y desplazadas, así como el compromiso de las autoridades mexicanas con una política humanista en la región.
Según dio a conocer la Cancillería, Grandi envió una carta formal al titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, en la que felicitó al gobierno mexicano “por su liderazgo regional en la promoción de soluciones duraderas y una protección efectiva de las personas refugiadas y desplazadas; así como por las iniciativas emprendidas para continuar y reforzar la política humanista de México”.
En la misiva, el alto comisionado destacó que las acciones impulsadas por México han consolidado su papel como referente regional en la búsqueda de mecanismos y políticas que garanticen seguridad, integración y el respeto a los derechos humanos de quienes se ven forzados a abandonar sus lugares de origen. Grandi subrayó la importancia de las políticas de México dirigidas a encontrar soluciones duraderas que permitan a las personas refugiadas rehacer su vida en condiciones de dignidad.
La SRE añadió que el ACNUR resaltó la participación activa de México en diversas iniciativas regionales, lo que, según la Cancillería, constituye reflejo de una política de Estado basada en la solidaridad y la responsabilidad compartida ante el fenómeno del desplazamiento forzado.
En su mensaje público, la Cancillería informó que este reconocimiento internacional coincide con el enfoque adoptado en los últimos años, en el que la cooperación internacional y la protección de derechos integrales forman parte de la respuesta del país a los desafíos migratorios en la zona.
Políticas destacadas de protección y atención a personas refugiadas y desplazadas
En 2011, México promulgó la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, alineada con la Convención de Ginebra de 1951, su Protocolo y la Declaración de Cartagena de 1984.
El país adoptó la definición ampliada de refugiado, considerando tanto motivos tradicionales como causas basadas en género y violencia generalizada.
La ley incorpora el principio de non-refoulement, que prohíbe la devolución de personas a territorios donde su vida o integridad estén en riesgo, y protege a quienes ingresan de manera irregular, lo que evita penalizaciones.
También garantiza la unidad familiar, el interés superior del menor y la confidencialidad de los procedimientos. Además, establece la figura de protección complementaria para quienes, aunque no reúnen los requisitos habituales para ser reconocidos como refugiados, enfrentan peligro de tortura o trato inhumano si retornan a su país. Estos lineamientos amplían la protección a personas vulnerables en situación de desplazamiento.
