El Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche resolvió este miércoles declarar improcedente el recurso de revocación promovido por la defensa legal del medio informativo Tribuna. Esta decisión implica que el responsable de las redes sociales del medio deberá ser sometido a un censor judicial, en una medida que ha sido ampliamente cuestionada por vulnerar la libertad de expresión.
Según lo dispuesto por la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, la empresa tiene un plazo de 48 horas para entregar los datos del responsable digital, quien quedará bajo supervisión previa por parte de una autoridad judicial. La medida forma parte de un paquete de acciones cautelares relacionadas con la “verificación de publicaciones” sobre la gobernadora Layda Sansores San Román, justo en la antesala de su Cuarto Informe de Gobierno, previsto para este viernes 1 de agosto.
Jorge González Valdez, periodista y exdirector de Tribuna durante más de tres décadas, denunció que esta decisión es una estrategia directa para manipular la información pública y frenar las críticas hacia la gestión de Sansores, acusada por diversos sectores de falta de resultados y prácticas autoritarias.
“Esta medida inédita busca controlar el contenido informativo en redes sociales y restringir el trabajo periodístico independiente en Campeche”, sostuvo el comunicador.
El pasado 16 de julio, la gobernadora Layda Sansores utilizó su programa oficial “Martes del Jaguar” para exigir que González Valdez fuera “muy cuidadoso” en lo que publica y dice. La jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May ya había dictado entonces medidas cautelares contra el periodista, ordenándole abstenerse de hablar sobre la mandataria, y someter todos sus comentarios, opiniones y publicaciones a supervisión judicial.
Por su parte, Juan Pedro Alcudia Vásquez, titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, defendió la resolución argumentando que las publicaciones de Tribuna supuestamente incitan al odio, promueven la misoginia y constituyen violencia digital contra la gobernadora.
“Estas medidas no buscan censurar la crítica legítima, sino frenar un discurso que, según el gobierno, ha cruzado la línea de la incitación a la violencia”, dijo Alcudia, quien responsabilizó al medio de no contar con controles adecuados para evitar agresiones en redes sociales.
Sin embargo, González Valdez replicó que se trata de un ataque institucional a la libertad de expresión y al periodismo crítico, pues la supuesta incitación al odio se atribuye a los comentarios que los ciudadanos publican en redes tras leer las notas de Tribuna, y no al contenido del medio en sí.
“La jueza cree que cuando la gente lee lo que publicamos y reacciona con críticas o insultos, eso ya es un delito. Es absurdo. No es la prensa quien incita, sino el descontento social el que se manifiesta”, sostuvo.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y prensa libre, que advierten sobre un precedente grave de censura previa y judicialización del ejercicio periodístico en México, particularmente cuando se trata de cuestionar al poder político desde plataformas independientes.
