Un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y fuerzas policiales municipales reveló la existencia de un presunto centro de mando clandestino desde donde, de forma ilegal, se habría intervenido el sistema de videovigilancia del C4 municipal.
La acción judicial se llevó a cabo la tarde del miércoles 30 de junio en la colonia Santa Cruz Venta de Carpio, donde, según fuentes consultadas por Infobae México, personal naval, elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec aseguraron un predio con razón social “ZAVOLI Conversiones de Autos a as Natural”; aparentemente utilizado para monitorear cámaras de seguridad del municipio sin autorización oficial.
¿Qué encontraron en el lugar?
Durante el cateo, ejecutado por manato judicial y en coordinación con la Fiscalía de Asuntos Especiales, nuestras fuentes confirmaron que se halló equipo de alta tecnología vinculado al Proyecto Jaguar II, como:
- Antenas bipolo
- Fibra óptica
- Cámaras de vigilancia
- Herramienta especializada
- Conexiones en tiempo real al sistema C4
El valor de los dispositivos asegurados asciende, según nuestras estimaciones, a 20 millones de pesos.
¿De dónde surgió la denuncia?
Las investigaciones fueron posibles gracias a una denuncia del actual gobierno municipal de Ecatepec, que alertó sobre un posible desvío de recursos públicos relacionados con el Proyecto Jaguar II, desarrollado durante la administración del exalcalde Fernando Vilchis Contreras.
Autoridades locales sospechan que el centro operaba desde el año pasado, de forma paralela y sin registro oficial, interfiriendo con el sistema de videovigilancia instalado en distintas zonas del municipio.
El aseguramiento del inmueble fue coordinado por la FGJEM, con el respaldo de personal de la Secretaría de Marina comisionado en la Dirección General de Seguridad, Ciberseguridad y Tecnología (DGSCyT), además de elementos municipales.
El predio quedó bajo custodia del personal naval especializado en tareas de seguridad pública, de la Policía de Inspección Interna de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana.
Finalmente, la autoridad ministerial realizará los peritajes e investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar si existió un uso indebido de recursos públicos o una operación paralela de videovigilancia con fines ajenos a la seguridad pública.
“La Secretaría de Marina reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad de la ciudadanía y el respeto al debido proceso, en coordinación con autoridades estatales para combatir estructuras ilícitas que atenten contra la paz y el orden público”, reiteró un comunicado de las fuerzas de seguridad.
