La historia de Dulce Belén Sánchez Castañeda evidencia graves deficiencias dentro del sistema de justicia mexicano. Condenada a 70 años de prisión por un delito que afirma no haber cometido, Dulce enfrenta uno de los procesos judiciales más prolongados y cuestionados de la última década.
Hoy, su libertad depende del análisis de su expediente por parte de magistrados, quienes en los próximos días deberán determinar si la evidencia a su favor es suficiente para revocar la sentencia que la mantiene en prisión desde hace casi 12 años.
Acusación, detención y tortura
Dulce trabajó durante tres años y medio como policía federal y en 2012 se encontraba embarazada de gemelas. Su vida dio un giro cuando policías preventivos la detuvieron bajo el argumento de que el taxi en el que viajaba era sospechoso.
Ella relata que quienes la detuvieron eran parte de la policía preventiva y que su aprehensión tuvo que ver con la política de entrega de bonos de 5,000 pesos por este tipo de detenciones, en un contexto de presunta fabricación de culpables en la era de Genaro García Luna.
Tras interceptar el taxi, los agentes la sometieron y no solo ignoraron su embarazo, sino que —según su testimonio— la golpearon y la obligaron a disparar un arma calibre 38, buscando fabricar pruebas que la vincularan al robo y secuestro por el que más tarde sería acusada. Al resistirse, los golpes continuaron y relata que, al tocar su vientre ya no sentía su pancita.
En el proceso, Dulce Belén no recibió información clara sobre las causas de su detención y nunca le mostraron una averiguación previa ni una orden de aprehensión. Al poco tiempo de llegar al reclusorio, perdió a las gemelas como consecuencia directa de los golpes y la tortura recibida.
El caso fue construido pese a la ausencia de pruebas sólidas. La versión oficial señala que durante la fecha del supuesto secuestro exprés en la Ciudad de México, Dulce desempeñaba funciones oficiales en Guadalajara como parte del operativo de la Policía Federal en los Juegos Panamericanos, lo que la ubicaba a más de 500 kilómetros del sitio del crimen. Bitácoras y testimonios de la corporación avalaron esta versión, pero fue desestimada en el proceso judicial.
La Procuraduría Estatal reconoció que no existían pruebas contundentes en su contra ni de las otras personas consignadas. No obstante, la causa llegó a juicio y un juez dictó auto de formal prisión en su contra. La sentencia final fue de 70 años de cárcel.
Un proceso judicial plagado de irregularidades
Desde el primer momento, en el proceso judicial de Dulce se registraron graves irregularidades. No contó con defensa legal durante su arraigo ni en las primeras etapas procesales. Tampoco pudo conocer a sus acusadores.
Uno de los puntos más cuestionados es que la víctima del secuestro la identificó sin describir rasgos que coincidieran con Dulce.
Dulce narra que una juez inicialmente la absolvió, pero ya bajo las escaleras fue detenida de nuevo y presentada bajo nuevos cargos por el mismo caso. No tuvo derecho a fianza, pues los delitos imputados se consideraron graves. La evidencia que comprobaba que no se encontraba en la CDMX cuando ocurrieron los hechos tampoco fue tomada en cuenta.
A pesar de los esfuerzos de su defensa, la sentencia de Dulce se emitió en 2014. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han sostenido que su caso es emblemático de la fabricación de pruebas, la tortura y la falta de un debido proceso.
En los años que ha pasado en prisión, Dulce ha enfrentado secuelas físicas graves. Durante un episodio reciente, perdió la visión temporal del ojo derecho. Un neurólogo señaló que esto podría estar vinculado a un traumatismo craneal sufrido durante la detención, lo cual puede causar pérdida de vista y dolores de cabeza severos.
El expediente en manos de los jueces
El expediente de Dulce llegó a revisión bajo el amparo directo 22/2023, ya sin las pruebas consideradas irregulares. Tres magistrados de la sexta sala penal del Poder Judicial de la Ciudad de México decidirán si su condena es revocada y puede recobrar la libertad.
La defensa logró una prórroga para el análisis a fondo del caso. El plazo vence el 14 de agosto, cuando los magistrados deberán emitir una resolución definitiva. Activistas, periodistas y colectivos se han movilizado para pedir un estudio a fondo del caso y una decisión apegada a pruebas y derecho.
Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, ha expuesto el caso en una reciente entrevista con Radio Fórmula. Ha señalado que la cobertura en medios y redes sociales es una de las únicas vías para incidir en la toma de decisiones judiciales, debido a la persistente cultura de impunidad.
Subrayó que existe temor de que, pese a la falta de pruebas y la evidencia a favor de Dulce, los jueces ratifiquen la condena por tratarse de un delito grave.
Mientras la resolución queda en manos de los magistrados, Dulce continúa presa y a la espera de justicia, con su salud deteriorada y lejos de su familia.
