Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó su estrategia para combatir el delito de despojo, la cual incluye la creación de un gabinete especializado en la prevención y atención de este tipo de casos. Dicho espacio tiene como objetivo proteger el patrimonio de los ciudadanos, así como brindar orientación para identificar los gravámenes de este ilícito.
En una conferencia de prensa, la mandataria informó que, además de la creación de un Mecanismo de Protección Cautelar, se ofrecerán asesorías jurídicas a quienes sean víctimas de despojo de inmuebles. Añadió que se impulsarán iniciativas y modificaciones a la legislación capitalina para fortalecer la defensa del patrimonio de las familias.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 15 de julio, en 2025 se reportaron 2 mil 245 denuncias por despojo de inmuebles, lo que representó un incremento del 8% en comparación con 2024. Iztapalapa encabeza la lista de las alcaldía con más casos, seguida de Cuauhtémoc con 262 y Gustavo A. Madero con 235.
Estrategia contra el despojo: ¿De qué va?
Frente a medios, Brugada Molina afirmó que, con el respaldo del gabinete y un equipo especial de funcionarios, revisarán cada caso de manera individual para identificar posibles redes delictivas y reforzar las áreas institucionales vulnerables, además de ofrecer una respuesta ágil en cada situación.
A cuatro meses de su implementación, la dependencia operará bajo la coordinación de César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, y la fiscal Bertha Alcalde Luján. También participarán instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el área de patrimonio inmobiliario, el Poder Judicial, el Registro Público, además de una Unidad operativa especializada.
La SSC indicó que, entre enero-julio 2025, se realizaron 29 remisiones en las que fueron detenidas 94 personas en flagrancia.
Para evitar confusiones, la autoridad precisó la diferencia entre desalojo y despojo: el primero ocurre cuando una autoridad solicita la desocupación de un inmueble utilizando la fuerza pública de manera legal, mientras que el otro implica la utilización de procedimientos simulados o documentos falsos para arrebatar una propiedad. Entre los tipos más frecuentes de resaltaron los siguientes:
- Actos simulados e ilícitos: Elaboran o presentan documentación falsa.
- Actos violentos: Con el uso de amenazas, fuerza o armas.
- Usufructo ilegitimo: Aprovechamiento de posesión por indefinición de propiedad.
Explicó que las penas agravadas se duplicarán, de 11 a 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad bajo fianza. También se prevé imponer castigos más severos en aquellos casos donde estén involucrados servidores públicos, notarios, agentes inmobiliarios o autoridades auxiliares.
Alcalde Luján, anunció una serie de reformas orientadas al delito de despojo de inmuebles, con el objetivo de elevar las sanciones, cubrir vacíos legales existentes y garantizar la protección de sectores vulnerables de la población:
- Reforma artículo 237: Detalló que se impondrá la pena base será de 6 a 11 años de prisión, pero aumentará a 12 a 22 años en casos agravantes como: uso de violencia, simulación de actos jurídicos o daño al inmueble.
- Artículo 238: 11 años de prisión y de 500 a 2 mil umas cuando el delito se cometa en contra de personas mayores de 60 años o con discapacidad, menor de edad, embarazada o de una comunidad indígena.
- Así como las siguiente especificaciones: Daños físicos al inmueble (ej. forzar cerraduras, romper ventanas), impedimento material del uso del inmueble, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas ante notarios, protección a grupos vulnerables, participación de personas que se hagan pasar por servidores públicos y en colaboración de notarios, sus ayudantes o figuras que simulen autoridad.
