El crimen organizado no solo ha impuesto su ley en varias regiones del sur del Estado de México, sino que también ha dictado el precio de productos básicos para la población y la construcción, generando un duro golpe a la economía local.
De acuerdo con datos revelados por el Operativo Liberación, en al menos 14 municipios mexiquenses, los cárteles obligaban a comerciantes y distribuidores a vender ciertos productos a precios muy por encima de su valor real, bajo amenazas y extorsiones.
Entre los productos afectados se encuentran materiales esenciales para la construcción, como el millar de block, cuyo precio normal ronda los 9 mil pesos, pero que bajo el control del crimen ascendía hasta 20 mil pesos, lo que representa un incremento de 122 por ciento.
De igual manera, el precio de un camión de arena pasó de 2 mil 600 pesos a 4 mil 450 pesos, un aumento del 71 por ciento, mientras que la tonelada de varilla subió de 17 mil 937 a 23 mil 950 pesos, es decir, un 33.5 por ciento más cara.
Canasta básica también se vio afectada
No solo los insumos de la construcción sufrieron estos incrementos. Productos de la canasta básica también registraron aumentos alarmantes.
Por ejemplo, el kilo de pollo que normalmente se vende en 50 pesos se ofrecía hasta en 120 pesos, lo que significa un alza del 140 por ciento. En tanto, el kilo de carne incrementó de 170 pesos a 250 pesos, un 47 por ciento más caro de lo habitual.
De acuerdo con el informe, el modus operandi consistía en imponer los precios “oficiales” del crimen, vigilando que comerciantes, transportistas y distribuidores no bajaran de esas cantidades, bajo la amenaza de represalias violentas.
Este control impactaba directamente en la población, que veía mermado su poder adquisitivo al tener que pagar por productos básicos y de construcción precios inflados artificialmente.
Especialistas señalan que este fenómeno no solo lastima la economía familiar y la inversión local, sino que también contribuye a profundizar la desigualdad social y limita el desarrollo económico de la región. Organizaciones empresariales y sociales han exigido al gobierno estatal y federal mantener y reforzar los operativos para desmantelar estas redes de extorsión que han convertido necesidades básicas en artículos de lujo.
El Operativo Liberación representa un esfuerzo por devolver la libertad de mercado a estas comunidades, aunque las autoridades reconocen que el reto es grande y la recuperación será gradual.
