Uno de los ranchos presuntamente de la Familia Michoacana asegurado esta semana por autoridades federales en el municipio de Tejupilco, Estado de México, fue saqueado antes de concretar la entrega a ministeriales.
Infobae México pudo confirmar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por el robo de 60 cerdos robados del rancho en la comunidad de Lodo Prieto.
Los animales iban a ser entregados a los habitantes como parte de un programa de disposición anticipada de bienes asegurados, pero los los agentes ministeriales y de la Secretaría del Bienestar encontraron el lugar vacío.
El rancho forma parte del decomiso de la Operación Liberación, donde autoridades federales y estatales realizaron un operativo conjunto en 14 municipios del sur del Estado de México para desarticular una red de extorsión que operaba en sectores clave de la economía regional.
Ocho personas fueron detenidas y 63 establecimientos comerciales quedaron asegurados, en una acción que busca restablecer los precios y la libre competencia para cerca de un millón de habitantes.
La Operación Liberación se realizó el pasado lunes 21 de julio en el sur del Estado de México.
El operativo, resultado de seis meses de investigaciones y denuncias formales, fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.
La intervención se centró en 14 municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
En estas demarcaciones, las autoridades identificaron 63 establecimientos comerciales que funcionaban como centros de operación para la Familia Michoacana, dedicado a imponer cuotas ilegales, controlar precios y obligar a comerciantes y consumidores a adquirir bienes y servicios bajo amenaza.
Las investigaciones revelaron que la red criminal sometía a personas y comunidades enteras a un esquema de mercado basado en el abuso y la coacción, con incrementos de hasta 400% en productos de la construcción, alimentos y servicios de paquetería.
Los afectados se veían imposibilitados de recurrir a proveedores alternativos, ya que la organización controlaba la distribución y venta a través de sindicatos y empresas fachada.
Durante el operativo, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho personas identificadas como piezas clave en la estructura financiera y operativa del grupo.
Entre los detenidos se encuentran Eli “N”, propietario de la empresa “Jimex” en Valle de Bravo, señalado como el único autorizado para la venta de materiales de construcción en la región; Gonzalo “N”, líder del sindicato “Bradosva”, encargado de controlar el transporte y distribución de materiales; Alicia “N”, responsable de la contabilidad y operaciones financieras en Ixtapan de la Sal, acusada de extorsionar a clientes con amenazas de violencia; Jorge “N”, líder de madererías en Valle de Bravo; Yareli “N”, cuarta regidora municipal de Ixtapan de la Sal, implicada en secuestro exprés; José Fernando “N”, dueño de madererías en Ixtapan de la Sal; Antonio “N”, encargado de la venta de carne en Sultepec y Texcaltitlán; y Bernardo Alejandro “N”, responsable de la venta de pollo en Ixtapan de la Sal.
Las autoridades detallaron que los detenidos utilizaban su posición como comerciantes, líderes sindicales o servidores públicos para encubrir sus actividades ilícitas. En algunos casos, eran reconocidos empresarios de la comunidad. Las prácticas de extorsión incluían amenazas de secuestro, cobro de cuotas por cada kilogramo de carne o madera, y la imposición de precios inflados en materiales de construcción y alimentos.
