Las denuncias por supuestos pinchazos en el transporte público de la capital han disminuido de manera significativa desde finales de mayo.
Esto fue informado por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Hasta la fecha, la fiscalía ha registrado un total de 78 denuncias con punción confirmada y 57 por otro tipo de lesiones, como rasguños.
Del total de casos confirmados, 56 ocurrieron en el Metro, 10 en el Metrobús, nueve en la vía pública y tres en otros puntos de la ciudad.
Autoridades descartan delitos graves tras pinchazos
Bertha Alcalde señaló que desde el 27 de mayo sólo se ha reportado una detención en flagrancia vinculada a estos hechos y 13 nuevas denuncias, lo que representa una baja considerable en comparación con los meses anteriores.
Sobre los posibles móviles, la fiscal explicó que no se ha identificado una causa común.
Sólo en seis casos hay indicios de intento de robo, y no se ha comprobado que los pinchazos tengan como fin la comisión de delitos de mayor impacto, la transmisión de enfermedades ni la inducción al consumo de drogas.
La disminución en las denuncias, según la FGJ, responde a una mayor presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el transporte público, así como al despliegue de operativos preventivos y a una ciudadanía más informada, lo cual ha ayudado a reducir los reportes infundados o descartables.
Estas eran las sustancias encontradas en las víctimas
En una conferencia de prensa realizada a finales del mes de mayo, las autoridades revelaron que en algunos análisis toxicológicos se detectaron sustancias como benzodiacepinas y THC (tetracanabinoides) en algunas víctimas, sustancias que, según la fiscal, no generan adicción y no han sido utilizadas de manera sistemática con fines delictivos.
En respuesta, las autoridades capitalinas activaron un protocolo de atención médica y desplegaron a más de 5,800 policías en el transporte público.
Además, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa de ley para tipificar los pinchazos como delito, con penas de hasta 5 años de prisión y sanciones económicas, con el objetivo de proteger la integridad física y emocional de los usuarios.
Las víctimas de los pinchazos también fueron sometidos a estudios generales como biométrica química, así como exámenes toxicológicos.
Además, se les dieron profilaxis contra el VIH, un tratamiento de 28 días que se ingiere después de una posible exposición al virus para prevenir una infección.
