El asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, ha conmocionado al estado y al país. El crimen ocurrió el pasado domingo 15 de junio, alrededor del mediodía, cuando un grupo armado irrumpió en el Palacio Municipal y ejecutó a la alcaldesa y a un representante comunitario en un lapso de apenas seis minutos.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), de la que está al frente Bernardo Rodríguez Alamilla, cinco personas armadas y encapuchadas, que se trasladaban en dos motocicletas, ingresaron violentamente al edificio público y dispararon en múltiples ocasiones contra García Soto y Gregorio García Ruiz, representante de la comunidad de Agua Caliente, quien también perdió la vida en el ataque.
El fiscal detalló que los agresores utilizaron armas de alto poder, entre ellas rifles AK-47 y AR-15. En el lugar del crimen se encontraron al menos 60 casquillos percutidos, lo que confirma la brutalidad del atentado.
Según la reconstrucción de los hechos, el comando actuó entre las 11:40 y las 11:46 horas, antes de retirarse sin que hasta ahora se tenga conocimiento de personas detenidas por estos hechos.
Cinco posibles móviles
La fiscalía estatal ha establecido cinco líneas de investigación que podrían explicar el motivo del ataque, todas relacionadas con denuncias, tensiones administrativas y conflictos locales que enfrentaba la presidenta municipal.
1. Denuncia por desvío de recursos tras huracán Agatha
Una de las principales líneas apunta a la denuncia que García Soto presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desvío de 25 millones de pesos.
Este dinero fue entregado por el gobierno federal a la administración anterior, encabezada por Tomás Victorio García, para atender los daños causados por el huracán Agatha en 2022. De los 50 millones asignados, la mitad no habría sido aplicada correctamente, según la denuncia.
2. Robo de fondos municipales destinados a obra pública
Otra línea está relacionada con el robo de 132 mil pesos a la tesorería municipal, destinados a la construcción de un comedor escolar en la secundaria “02 de Octubre”, en la comunidad de Loma Cruz.
El caso fue denunciado en marzo de 2024 y la audiencia de debate está programada para el 26 de agosto de este año. El presunto responsable ha sido identificado como Aldo Silva García (también referido como Aldo Edén Silva García).
3. Oposición a cobros por tránsito de madera
La tercera línea de investigación involucra la negativa de la alcaldesa a permitir cobros ilegales por el tránsito de madera en la región, práctica que habría generado tensiones con grupos locales que controlan dicha actividad.
Según declaró el fiscal Rodríguez Alamilla, estas cuotas se imponían de manera informal y generaban ganancias no reguladas que afectaban directamente a la comunidad.
4. Falsificación de documentos oficiales
También se investiga la falsificación de la firma de la presidenta en documentos oficiales. La denuncia por este delito fue interpuesta el 14 de enero de 2025, tras detectar movimientos financieros irregulares y el uso de su firma en trámites no autorizados. El ex tesorero municipal es uno de los principales señalados en esta carpeta de investigación.
5. Conflictos políticos y sociales en el municipio
La última línea está vinculada al complejo contexto político y social de San Mateo Piñas. Según la fiscalía, la elección mediante la cual García Soto asumió el cargo estuvo marcada por disputas internas entre grupos que buscan el control de la comunidad.
San Mateo Piñas se rige por sistemas normativos indígenas, donde la autoridad se elige por asamblea comunitaria, lo que añade un componente sociopolítico particular al caso.
Un crimen que marca un precedente
Lilia Gema García Soto fue la primera mujer en asumir la presidencia municipal de San Mateo Piñas para el periodo 2023–2025. Fue electa en noviembre de 2022 y tomó protesta bajo el compromiso de trabajar por su comunidad sin intereses partidistas ni económicos, como expresó en un video difundido tras su elección: “Ganamos con el voto de la gente pura de corazón, sin recibir ni un peso, condiciones o promesas, simplemente por la confianza que ellos me dieron para trabajar por la comunidad”.
Hasta antes del atentado, la presidenta municipal no había reportado amenazas en su contra. Además, el municipio no estaba clasificado como zona de alta incidencia delictiva, ni existían indicios sobre la operación de grupos del crimen organizado en la zona, según señaló el fiscal.
“De manera directa no teníamos información de amenazas contra la presidenta, aunque sí existían denuncias. Nos reunimos con ella hace un mes para darles seguimiento. El municipio no estaba identificado como zona con alta incidencia delictiva ni presencia de grupos criminales”, puntualizó Rodríguez Alamilla.
En respuesta al crimen, autoridades estatales y federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegaron un operativo conjunto para dar con los responsables.
El gobernador Salomón Jara Cruz ha condenado el asesinato y afirmó que no habrá impunidad.
