En México, ser padre o madre implica deberes legales, éticos y afectivos. Sin embargo, miles de niños y niñas viven el abandono económico por parte de quienes están obligados a proporcionarles sustento.
La Ley Sabina surge como una respuesta contundente a esta problemática, poniendo el foco en el derecho de los menores a recibir pensión alimenticia y la responsabilidad de los progenitores a cumplirla.
La principal impulsora de esta Ley es la activista oaxaqueña, Dania Luz Vázquez Ruiz, quien por varios años ha luchado por los derechos de niñas y niños a quienes alguno de sus progenitores, en su mayoría hombres, han dejado de cumplir con sus obligaciones.
Vázquez Ruiz también ha visibilizado la problemática a través de los tendederos de deudores alimentarios, en donde invita a mujeres que son madres autónomas a exponer a todos esos padres que han decidido dejar de cumplir con las infancias, estas actividades se han extendido a lo largo del territorio mexicano, así como la aprobación de la Ley Sabina.
¿Qué es la Ley Sabina?
La Ley Sabina no es una ley aislada, sino que incluye 40 reformas legislativas a los Códigos Civiles y Penales, busca sancionar con mayor severidad a los deudores alimentarios, es decir, a aquellas personas que incumplen con el pago de pensión alimenticia.
La ley ha sido aprobada e implementada en diversas entidades como Ciudad de México (2024), Baja California (2024), Puebla (2023), Morelos (2024), además, el 22 de marzo en 2023 dio un paso fundamental a nivel nacional con la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, aprobado por el Senado de la República.
La aprobación del Senado repercutió en reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias concentradas en el artículo 103, también, se modificó el artículo 120, adicionando una sección Cuarta al Capítulo Tercero, la cual se denomina “Del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”.
¿A quién protege la Ley Sabina?
Principalmente, protege a niñas, niños y adolescentes, quienes son los más vulnerables cuando uno de sus padres decide evadir su responsabilidad económica.
También ampara a madres, padres tutores y cuidadores que quedan al frente del cuidado de los menores, muchas veces enfrentando severas dificultades para cubrir los gastos esenciales como alimentación, salud, educación y vivienda.
Además, la ley reconoce que el abandono alimentario no es solo una cuestión económica, sino una forma de violencia familiar, ya que priva a las infancias de un libre desarrollo y somete a las madres o progenitores que se quedan a cargo de las infancias, quienes también pueden tener afectaciones psicológicas.
¿Qué consecuencias tiene para los deudores?
Una de las innovaciones más significativas es que los deudores alimentarios registrados pueden enfrentar serias restricciones, entre ellas:
- No poder obtener pasaporte ni salir del país.
- No ser candidatos a cargos de elección popular o empleos públicos.
- Ser bloqueados en trámites financieros como la compra-venta de bienes.
- Imposibilidad de casarse hasta ponerse al corriente en sus obligaciones.
Este registro funciona como una medida de presión y escarmiento social, pero también como un mecanismo de justicia para quien ha sido víctima del abandono económico.
Registro de Deudores Alimentarios Morosos
Este registro es parte fundamental de la Ley Sabina, con la reforma aprobada en 2023, se estableció la creación del Registro, el cuál está a cargo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), actualmente, la Constancia que avala no estar inscrito en este registro ya se puede obtener en línea y solo necesitas el CURP para poder consultarlo.
