La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en colaboración con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, logró obtener una sentencia condenatoria contra Carlos Arnulfo Flores Flores, conocido como “El Flaco”, “Mando” o “Fantasma”, jefe de la plaza de Los Zetas en Acuña, Coahuila.
El acusado fue sentenciado a 18 años de prisión por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada en su modalidad de contra la salud y por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, la detención de Carlos Arnulfo Flores Flores tuvo lugar en diciembre de 2012 en la ciudad de Monclova, en el estado de Coahuila.
En ese momento, las autoridades lo identificaron como miembro activo de Los Zetas. Su captura fue resultado de una orden de aprehensión emitida en su contra, lo que marcó el inicio de un proceso judicial que culminó con la sentencia dictada recientemente.
El caso fue llevado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, en el Estado de México.
Tras una serie de procedimientos legales y resoluciones procesales, el tribunal determinó la culpabilidad de Carlos Flores en los delitos imputados. Actualmente, el sentenciado cumple su condena en el Centro Federal de Reinserción Social número 17 (CPS Michoacán), una instalación penitenciaria de alta seguridad destinada a internos vinculados con delitos de alto impacto.
La sentencia contra Carlos Arnulfo Flores Flores representa un paso más en los esfuerzos de las autoridades mexicanas por combatir la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, así como por restringir el acceso a armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El caso de Carlos Flores pone de manifiesto la colaboración entre distintas instancias de la FGR, como la FEMDO y la FECOR, en la investigación y persecución de delitos relacionados con el crimen organizado. Estas dependencias trabajan de manera coordinada para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos, como ocurrió en este caso tras más de una década de procedimientos judiciales.
