La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al alcalde de Teuchitlán, Jalisco, por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las operaciones del Rancho Izaguirre, un predio relacionado con desapariciones forzadas, reclutamiento criminal y violencia extrema.
El señalado es José Ascensión Murguía Santiago, quien fue detenido el pasado viernes 4 de mayo y presentado después ante un juez federal en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, donde se celebró la audiencia inicial del caso.
Según la FGR, Murguía Santiago no solo estaba al tanto de lo que ocurría en ese terreno, sino que formaba parte activa de su operación. Las autoridades lo acusan de facilitar patrullas, armas y elementos policiales del municipio de Teuchitlán para proteger el predio y evitar que las personas reclutadas escaparan.
A cambio de estos servicios, habría recibido pagos mensuales de 70 mil pesos en efectivo por parte de integrantes del cártel, quienes le entregaban el dinero en brechas rurales cercanas al municipio.
Durante la audiencia del domingo 5 de mayo, el Ministerio Público presentó testimonios de víctimas que identificaron directamente al alcalde como parte de la estructura criminal.
Una de las declaraciones más graves lo ubica ingresando al Rancho Izaguirre junto a José Gregorio Lastra, alias El Comandante Lastra, uno de los principales reclutadores del CJNG. De acuerdo con esa versión, ambos despertaron a otro operador apodado El Rojo y le ordenaron abrir una fosa donde arrojaron una bolsa con órganos humanos, contó la periodista Ahtziri Cárdenas en Aristegui Noticias.
Los fiscales calificaron a Murguía como “autor material y directo” de los hechos que ocurrieron en ese sitio, el cual operaba como centro de adiestramiento del crimen organizado.
Según la acusación, también tenía injerencia en los procesos de selección: determinaba quiénes “pasaban” o no las pruebas de reclutamiento. Aquellos que no superaban los filtros eran asesinados, mientras que los aceptados eran enviados a otras regiones, como Zacatecas o Aguascalientes, donde operan células armadas del cártel.
Un centro de reclutamiento, desaparición y posible exterminio
El Rancho Izaguirre fue intervenido por primera vez por elementos de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando fueron detenidas 10 personas y rescatadas dos víctimas. Sin embargo, fue hasta marzo de 2025 cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó nuevamente al lugar y halló cientos de prendas de ropa, restos óseos calcinados y señales de actividad criminal intensa.
El colectivo señaló públicamente que el predio habría funcionado como un centro de exterminio, hipótesis que la FGR no ha respaldado oficialmente. El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró en conferencia de prensa la semana pasada que el lugar únicamente funcionó como centro de reclutamiento.
Guerreros Buscadores respondió presentando imágenes satelitales con columnas de humo negro visibles durante días, lo que demostraría que en el sitio se realizaron quemas prolongadas con combustibles pesados.
Rancho La Vega y las acusaciones más extremas
El hallazgo del Rancho Izaguirre derivó directamente en el descubrimiento del Rancho La Vega, también en Teuchitlán. Allí, el 29 de enero de 2025, las autoridades rescataron a 38 personas, de las cuales 36 fueron identificadas como víctimas de reclutamiento forzado.
El gobernador Pablo Lemus declaró que dio personalmente la orden de trasladarlos al penal para su identificación. Según la FGR, en ese lugar se obligaba a las personas a fabricar drogas y consumir carne humana, lo que agravó aún más las imputaciones contra el alcalde.
De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde conocía y avalaba estas prácticas. Las víctimas relataron que se les sometía a tortura sistemática como parte del proceso de entrenamiento criminal. Murguía habría estado al tanto de estas condiciones e incluso habría intervenido para seleccionar a quienes serían trasladados al norte del país y a quienes se eliminaría.
Las advertencias sobre la operación de campamentos del crimen organizado en la región se remontan al menos a 2018, cuando el entonces fiscal del estado, Eduardo Almaguer, ofreció una conferencia en la que mostró imágenes de sitios de entrenamiento en el municipio de Tala, colindante con Teuchitlán.
Las fotografías incluían garrafones, ropa abandonada, utensilios y restos de comida, evidencia de ocupación prolongada por parte de grupos armados. Pese a esos señalamientos públicos, las autoridades estatales no actuaron para desarticular la operación criminal que, según la FGR, se consolidó en el Rancho Izaguirre durante los siguientes años.
Un caso que compromete a las instituciones
Murguía Santiago ha ocupado la presidencia municipal de Teuchitlán en tres periodos: 2012–2015, 2021–2024 y desde octubre de 2024. Pertenece al partido Movimiento Ciudadano, mismo al que pertenece el gobernador de Jalisco.
Tras su detención, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que expresó su confianza en que la FGR conducirá el caso de forma imparcial y sin tintes políticos.
En el ámbito político, legisladores del Partido Acción Nacional han advertido que el alcalde podría estar siendo utilizado como “chivo expiatorio”, y han exigido que se investigue una posible red de complicidades institucionales más amplia. Por su parte, Movimiento Ciudadano sostuvo que espera que se llegue a la verdad sin sesgos partidistas.
En sus escasas declaraciones públicas, el alcalde había negado conocer el Rancho Izaguirre. Pero los testimonios presentados por la Fiscalía —incluidas las identificaciones directas hechas por las víctimas rescatadas— contradicen esa versión y lo colocan en el corazón de las operaciones criminales.
