La infiltración del crimen organizado en gobiernos locales ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una constante documentada por autoridades e investigaciones judiciales. Uno de los casos más representativos es el del Rancho Izaguirre, en Jalisco, donde presuntamente operaba un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con protección política.
Este caso ha revelado una estructura de complicidad institucional que, según el analista en seguridad David Saucedo, incluye no sólo el reclutamiento de jóvenes, sino también de presidentes municipales, integrados a una red político-criminal que operó con impunidad durante años en la entidad.
En entrevista con Juan Becerra para Grupo Fórmula, el experto en seguridad habló sobre la reciente detención de José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, quien fue imputado por delincuencia organizada y desaparición forzada.
“El Cártel Jalisco no solo se dedicó a reclutar jóvenes, sino estuvo reclutando a alcaldes, justamente de Movimiento Ciudadano, el partido que en el último sexenio fue la fuerza política dominante”, dijo Saucedo refiriéndose al papel del partido que ha estado en el poder estatal desde el sexenio de Enrique Alfaro.
Una red criminal al amparo de alcaldes
Durante la entrevista, Saucedo explicó que el CJNG no sólo infiltró a las autoridades locales, sino que financió campañas de candidatos a alcaldes, quienes, una vez en el poder, entregaron el control de las corporaciones policiales y facilitaron las operaciones del grupo criminal en sus municipios.
“Varios alcaldes recibieron financiamiento negro cuando eran candidatos y cuando se convirtieron en autoridades, gozaron de este anillo de protección”, dijo.
Señaló también que en la zona metropolitana de Guadalajara se consolidó un “circuito de narcoalcaldes”, que brindó condiciones de seguridad y discreción para el reclutamiento de jóvenes, la venta de droga al menudeo, y la neutralización de fuerzas policiales municipales y estatales.
La detención de Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) el pasado 3 de mayo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos relacionados con el crimen organizado. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el funcionario habría recibido 70 mil pesos mensuales por permitir el funcionamiento del Rancho Izaguirre.
Durante la audiencia inicial celebrada el domingo, que se extendió por más de 10 horas, la FGR presentó pruebas confesionales, testimoniales y documentales que vinculan al edil con la organización. Su defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia continuará el próximo 9 de mayo.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que desde 2021 había conocimiento por parte de autoridades locales sobre la operación del rancho. El sitio fue finalmente asegurado en marzo de 2025, cuando también se reportaron hallazgos de restos humanos y objetos personales, lo que elevó el caso a una prioridad nacional.
“Este no es un caso aislado”
Para David Saucedo, la detención del presidente municipal de Teuchitlán representa apenas la punta del iceberg de una red de vínculos entre el CJNG y autoridades locales en diversas entidades del país.
Comparó el caso con lo ocurrido en Sinaloa, Morelos y el Estado de México, donde también se han detectado sinergias político-criminales en gobiernos municipales.
“Lo que iremos viendo en las próximas semanas, intuyo, poco a poco la detención de más liderazgos políticos de MC involucrados en este anillo de protección política que se le dio al CJNG”, indicó.
Añadió que estas estructuras han funcionado con impunidad, pero que casos como el de Teuchitlán podrían desencadenar una serie de investigaciones más amplias.
También propuso una operación federal de gran escala —similar al llamado “Operativo Enjambre” aplicado en el Estado de México— para desarticular estas redes.
“No está mal investigar a los narcoalcaldes, pero habría que avanzar con los narcogobernadores”, sentenció.
MC y los presuntos nexos con el narco
El caso de Teuchitlán no es el único. A lo largo de los últimos años, varios militantes y funcionarios de Movimiento Ciudadano han sido señalados por sus presuntos vínculos con grupos criminales:
- Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, agradeció públicamente al líder del CJNG, “El Mencho”, durante un acto en la plaza principal del municipio. La FGR abrió una investigación tras viralizarse el video.
- Mauro Yuriel Jáuregui, exalcalde de Apulco, Zacatecas, fue acusado por la Fiscalía estatal de colaborar con Gerardo González Ramírez “El Geras”, jefe regional del CJNG. Fue desaforado y separado del cargo.
- Mario Figueroa Mundo, exalcalde de Taxco, Guerrero, hoy prófugo, fue postulado por MC a pesar de sus antecedentes. Se le vincula con La Familia Michoacana, grupo que habría operado a sus órdenes durante su administración.
- En Morelos, Mario Aguirre Gutiérrez, hermano del candidato de MC a la alcaldía de Tetecala, fue asesinado en un ataque vinculado al crimen organizado. Se le relacionaba con “La Jefa”, detenida por la FGR.
