
El reparto de utilidades es un derecho constitucional que beneficia directamente a los trabajadores en México. Conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas están obligadas a distribuir parte de sus ganancias anuales entre sus empleados, en un plazo establecido por la ley.
Este 2025, el pago de utilidades debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo, en el caso de personas morales (empresas), y entre el 1 de mayo y el 29 de junio para personas físicas con actividad empresarial.
El porcentaje de reparto lo determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, con base en estudios económicos sobre las condiciones generales del país. Esta comisión considera factores clave como el fomento al desarrollo industrial, el derecho del capital a obtener un rendimiento justo y la necesidad de reinvertir capital para fortalecer la economía nacional.
El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo establece que el reparto de utilidades debe realizarse en un plazo no mayor a 60 días posteriores a la fecha límite del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) anual, independientemente de si hay objeciones pendientes por parte de los trabajadores.
Es decir, las empresas no pueden posponer el pago de utilidades por trámites administrativos o controversias legales.
¿Dónde acudir para pedir apoyo?

Es importante que los trabajadores estén informados y revisen si su empresa ha generado utilidades durante el ejercicio fiscal anterior.
En caso de no recibir este beneficio dentro del plazo legal, pueden acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para presentar una queja o recibir asesoría gratuita.
Si necesitas ayuda, los trabajadores pueden llamar al 800 717 29 42 y 800 911 78 77.
El reparto de utilidades es una herramienta fundamental para equilibrar la distribución de la riqueza generada por las empresas y reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen al éxito de los negocios.
Aunque hay que recordar que le LFT, señala que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades.
Por ello, es clave que tanto empleadores como empleados conozcan sus derechos y obligaciones para evitar conflictos y asegurar el cumplimiento de la ley.