Entre el 28 y 31 de marzo de 2025, autoridades federales mexicanas realizaron dos operativos en los puertos de Ensenada (Baja California) y Altamira (Tamaulipas), en los que fueron asegurados más de 18 millones de litros de diésel y otros hidrocarburos introducidos de manera irregular al país.
Las acciones, encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revelaron el funcionamiento de una red de huachicol fiscal presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba mediante empresas fachada, documentación aduanal manipulada y rutas marítimas internacionales.
El caso es considerado por las autoridades como el decomiso más grande de combustible ilegal en México, tanto por su volumen como por el nivel de sofisticación logística y financiera de la estructura criminal.
Importaciones disfrazadas
A diferencia del robo tradicional de combustible —que ocurre en tomas clandestinas sobre ductos de Pemex—, el huachicol fiscal consiste en la introducción de hidrocarburos al país sin el pago de impuestos, utilizando declaraciones falsas en el sistema aduanal para simular el tipo de producto transportado.
Según informaron las autoridades, el primer operativo tuvo lugar el 28 de marzo de 2025 en un predio ubicado en el kilómetro 100 de la autopista Rosarito-Ensenada, colonia El Sauzal, municipio de Ensenada. En ese lugar, las fuerzas federales aseguraron 7.9 millones de litros de hidrocarburo, además de 100 contenedores tipo caja, 46 remolques cisterna, 19 tractocamiones y 12 motobombas.
La propiedad está registrada a nombre del exsenador Gerardo Novelo Osuna, quien declaró haberla arrendado a Luis Francisco Rodríguez Orozco, alias “Gussy”. La SSPC confirmó que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
El segundo operativo ocurrió el 31 de marzo, cuando fue asegurado en Altamira el buque Challenge Procyon, con bandera de Singapur. De acuerdo con documentos consultados por Milenio y revelados por la FGR, el barco arribó a la Terminal de Usos Múltiples II F-7 del puerto de Tampico a las 08:58 horas del 19 de marzo, y había declarado transportar 17 mil 459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, las inspecciones revelaron que en realidad transportaba 10 millones de litros de diésel, sin la documentación fiscal correspondiente.
Durante la conferencia matutina de este martes 8 de abril, el fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que el ingreso del diésel se realizó con documentación falsa y que ya se habían iniciado procedimientos legales contra agencias aduanales y funcionarios que autorizaron el desembarco.
“La documentación estaba manipulada, venía por cantidades que no eran, con un tipo de combustible que no era, y con esa información falsa se autorizó el ingreso del barco”, afirmó el titular de la FGR.
Empresas fachada y vínculos con el CJNG
En ambos decomisos se identificó la participación de la empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, según reportes publicados por Reforma el 6 de abril. Parte de la flota de pipas halladas en Ensenada pertenecía a esta compañía, mientras que los predios utilizados para almacenar el combustible en Altamira también eran administrados por la misma firma.
Las autoridades federales también vinculan a Mefra Fletes con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), una empresa registrada en Guadalajara en 2013 para la compra, venta y distribución de hidrocarburos. Ambas compañías formarían parte de un entramado de al menos 15 empresas factureras y fantasma, algunas de las cuales, de acuerdo con el medio antes citado, estarían directamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La periodista Michelle Rivera publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una copia de un oficio oficial de la Aduana de Guaymas que autorizó el despacho sin presentación física de mercancía a bordo del buque Torm Agnes, que atracó con casi 10 millones de kilos de “aditivos para aceites lubricantes a granel”.
La operación fue solicitada por el agente aduanal Marco Aurelio Ochoa López en representación de Intanza S.A. de C.V. y aprobada por el subdirector de la Aduana de Guaymas, Juan Carlos Soto Pichardo, bajo el pedimento A4 número 25 12 1847 5000001.
A raíz de los decomisos, Pemex estimó una recuperación financiera de hasta 452 millones de pesos, al integrar el combustible incautado a su sistema de distribución.
El modelo de negocio del CJNG
Según un informe de 2021 de Insight Crime, el CJNG había comenzado a operar redes de huachicol en ductos desde mediados de la década pasada. La organización expandió su presencia en zonas clave como Veracruz, Puebla y Jalisco, y protegía a pequeños grupos de huachicoleros locales.
Sin embargo, con el tiempo diversificó su operación hacia el control de estaciones de servicio, extorsión a distribuidores legales y lavado de dinero mediante importaciones simuladas, como se observa en los casos recientes.
En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 26 empresas y 9 personas mexicanas ligadas al CJNG por operar este tipo de redes. Entre ellos figuraban Iván Cazarín Molina (“El Tanque”) y Alonso Guerrero Covarrubias (“El Ocho”), quienes presuntamente manejaban operaciones de tráfico de hidrocarburos desde Veracruz hacia Texas y Centroamérica. Según la OFAC, el huachicol fiscal es actualmente la actividad más rentable del CJNG fuera del narcotráfico.
