La ministra Lenia Batres Guadarrama, actual integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció su intención de postularse para un nuevo periodo en el máximo tribunal del país como parte de la primera elección judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Aseguró que, de ser electa, actuará como “aliada institucional” del Ejecutivo en beneficio de la ciudadanía, según manifestó a la agencia EFE.
Designada como ministra en diciembre de 2023 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Batres ha sido señalada por la oposición de tener cercanía ideológica con el gobierno federal y con Morena, partido en el que ha militado. Además, es hermana de Martí Batres, actual director del ISSSTE y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Sin embargo, Batres defiende su autonomía y asegura que la Suprema Corte puede mantener independencia sin estar en confrontación con los demás poderes. “La gente espera que sus poderes públicos se coordinen en beneficio de la población. Si se están peleando, el único perjudicado es el ciudadano”, declaró en entrevista con la agencia.
Aseguró que su actuar estará regido por la Constitución, y que será respetuosa de cualquier gobierno emanado de la voluntad popular, sin importar quién lo encabece. “Le caiga bien o no, toca respetar la decisión del pueblo”, afirmó.
Lenia Batres es una de las tres ministras en funciones que competirán por un lugar en la nueva Corte, que será reducida de 11 a 9 integrantes como parte de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador y aprobada en septiembre pasado. Esta reforma establece que los cargos judiciales serán sometidos por primera vez al voto directo de la ciudadanía, lo cual Batres considera “una oportunidad histórica” para legitimar democráticamente al Poder Judicial.
Prioridades: “derechos sociales” y “combate a la corrupción”
Entre sus prioridades, en caso de ser reelecta, reiteró, se encuentran la defensa de los derechos sociales, el combate a la corrupción, la transparencia en las decisiones judiciales y la austeridad en el gasto del Poder Judicial. También se ha comprometido a fortalecer la defensoría pública para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación vulnerable.
Identificándose como una “ministra del pueblo”, Batres ha manifestado que su enfoque será garantizar que el Poder Judicial atienda las demandas sociales y no los intereses de las élites. Aunque descartó que la opinión pública deba influir directamente en las sentencias, subrayó que los jueces deben tener presente el sentido ético de la sociedad a la que sirven.
“Si la sociedad considera que lo ético es proteger al más débil o no robar, los jueces debemos tener ese sentido común. La justicia no se queda en los libros, también se entiende desde los valores de la gente”, concluyó.
