A través de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de México, el Gobierno de México y diversas organizaciones de transportistas, se logró evitar la realización de una megamarcha que estaba programada para este miércoles 2 de abril. Según informó la Secretaría de Gobernación (Segob), la movilización había sido convocada por la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), en protesta por presuntas irregularidades en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la marcha podría haber afectado la movilidad en vialidades principales del Estado de México y la Ciudad de México, ya que los transportistas planeaban partir desde diversos puntos del Valle de México con destino al Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo capitalino. Sin embargo, tras una serie de reuniones y mesas de diálogo, se logró un acuerdo que permitió cancelar la movilización y evitar afectaciones para millones de ciudadanos.
Acuerdos alcanzados entre autoridades y transportistas
Según detalló la Segob, las negociaciones incluyeron la participación de diversas dependencias federales y estatales, como la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Durante las reuniones, se establecieron compromisos clave para atender las demandas de los transportistas y garantizar que sus derechos fueran respetados.
Entre los acuerdos alcanzados, la FGJEM se comprometió a revisar las carpetas de investigación relacionadas con miembros de las organizaciones involucradas, como el caso de Ricardo “N” y Jafet “N”, en donde aseguró que se seguiría el debido proceso.
Además, se pactó una reunión entre los representantes legales de las organizaciones y la Fiscalía para el mismo 2 de abril, con el acompañamiento de la SGG y la Segob, con el objetivo de dar seguimiento a los casos y buscar soluciones apegadas a derecho.
Por su parte, las organizaciones de transportistas, entre ellas la ACME, el Integrador de Transporte Empresarial de México (ITEM) y otras asociaciones, se comprometieron a mantener el diálogo institucional y evitar bloqueos o movilizaciones que pudieran afectar los derechos de terceros.
Denuncias de los transportistas contra autoridades locales
En el marco de estas negociaciones, integrantes de la ACME denunciaron públicamente una presunta persecución por parte del presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raziel Pérez Cruz, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Según los transportistas, estas acciones incluyen la fabricación de delitos en contra de sus miembros, de los cuales se deslindan categóricamente.
Durante un acto realizado en el Monumento a la Revolución, los representantes de la ACME solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para detener lo que calificaron como una “campaña negra” financiada con recursos públicos. En sus declaraciones, los transportistas exigieron que, en caso de existir acusaciones en su contra, se les permita defenderse legalmente, pero rechazaron las detenciones que consideran injustas.
Prioridad en el diálogo y la movilidad ciudadana
Por su parte, el gobierno del Estado de México destacó que desde el inicio de las inconformidades se buscó establecer comunicación con las asociaciones involucradas, entre ellas la ACME, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) y el Corporativo IZGASA. Según informó la administración estatal, el objetivo principal fue garantizar la seguridad, la convivencia y el respeto a la libertad de expresión y manifestación, sin comprometer la movilidad de los ciudadanos.
En un comunicado oficial, las autoridades subrayaron que el diálogo fue la herramienta clave para evitar la manifestación y las afectaciones que esta podría haber generado en las principales vialidades del Estado de México y la Ciudad de México. Asimismo, reiteraron su disposición para atender las demandas de los transportistas y buscar soluciones que respeten el marco legal.
