La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la imputación de nuevos cargos por desaparición cometida por particulares contra dos de los diez individuos detenidos en septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán.
Esta acción se basa en los testimonios de tres víctimas que señalaron a los acusados como responsables directos de desapariciones en la región. Debido a ello, las autoridades anunciaron que continúan las investigaciones para conocer los detalles de lo sucedido en el lugar.
El Rancho Izaguirre fue identificado como un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizado para entrenar a individuos en actividades delictivas y como sitio de exterminio. En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió en el lugar restos óseos calcinados, prendas de vestir y otros objetos personales, lo que refuerza las sospechas sobre su uso para actividades criminales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado mexicano a intensificar las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas. Además, ha enfatizado la importancia de llevar a cabo procesos rigurosos de identificación de víctimas basados en evidencia científica.
¿Cómo va la investigación del Caso Teuchitlán?
En septiembre de 2024, tras una denuncia anónima, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo en el Rancho Izaguirre, que resultó en la detención de diez personas y el rescate de dos individuos que estaban privados de su libertad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado múltiples irregularidades en la investigación inicial, incluyendo la falta de una inspección exhaustiva y la omisión en la identificación de restos humanos y objetos personales.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero ha destacado que la FGR está analizando la actuación de los funcionarios involucrados para deslindar responsabilidades a cualquier nivel, desde el ministerio público asignado al caso hasta la cadena de mando. Además, ha señalado que el rancho quedó en estado de abandono durante seis meses, lo que permitió la pérdida de evidencia crucial.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los hallazgos en el rancho Izaguirre constituyan crímenes de lesa humanidad, aunque aseguró que se está fortaleciendo la Comisión Nacional de Búsqueda. No obstante, la CIDH reiteró que el Estado debe redoblar esfuerzos para sancionar a los responsables y garantizar reparación a las víctimas y sus familias.
Familiares exigen respuestas por parte de las autoridades
Familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda han expresado su desconfianza en las investigaciones oficiales y han exigido un mayor compromiso del gobierno federal. El descubrimiento de restos humanos y pertenencias en el rancho Izaguirre ha generado indignación y una demanda de justicia por parte de la sociedad civil.
Este caso pone sobre la mesa la urgencia de abordar la crisis de desapariciones en México y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La colaboración entre autoridades federales y estatales, así como la participación activa de colectivos de búsqueda y organismos internacionales, es fundamental para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
La imputación de nuevos delitos a dos de los detenidos representa un avance en la búsqueda de justicia, pero también evidencia las deficiencias en las investigaciones iniciales y la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos aplicados por las autoridades locales. La sociedad mexicana continúa vigilante y exige respuestas claras y acciones contundentes para enfrentar la violencia y la impunidad que afectan al país.
