
La Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) informó que tres personas fueron imputadas por el delito de desaparición forzada.
Al menos tres víctimas que estuvieron en el campo de adiestramiento hallado en el rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, habrían identificado a dos de los imputados. El tercero sería un ex polcía del municipio de Tala.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, los sujetos, identificados como Eric N. y Kevin N, son parte de las diez personas detenidas el pasado 18 de septiembre en el rancho Izaguirre.
“Estos dos hombres recién imputados fueron identificados por tres víctimas de otros delitos distintos al de su detención, por lo que el Agente del Ministerio Público inició un segundo proceso penal en su contra”.
El Ministerio Público estatal señaló que tras su audiencia en el juzgado, ambos sujetos obtuvieron como medida la prisión preventiva oficiosa por el delito de desaparición cometida a particulares, mientras se resuelve su situación legal en los próximos días.

“La totalidad de personas detenidas aquel 18 de septiembre siguen en prisión y se les investiga por distintos delitos en lo individual, como desaparición cometida por particulares agravada, desaparición cometida por particulares, homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y delitos contra los representantes de la autoridad”, indicó la Fiscalía.
Procesan a ex policía de Tala por participar en el cason del rancho Izaguirre
Por otro lado, la Fiscalía de Jalisco también informó que Gabriel J, expolicía municipal de Tala que estaría relacionado con las desapariciones del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.
En la continuación de la audiencia incial de este sujeto, realizada en el juzgado del Décimo Distrito con sede en Tequila, Jalisco, se dictó el auto de vinculación a proceso en contra del ex policía municipal.
El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por la temporalidad de un año, misma que vence el 28 de marzo de 2026, al tiempo que se dio de plazo a la Fiscalía de seis meses para el cierre de investigaciones.